El monte Arkatxa de Mendiola, declarado de utilidad pública
La Diputación de Álava blinda este paraje de Mendiola tras certificar su valor forestal. El monte Arkatxa ya es oficialmente un espacio de utilidad pública.
El monte Arkatxa, una joya de quejigos que corona el paisaje de Mendiola, estrena desde esta semana una protección especial. La Diputación Foral de Álava ha formalizado su declaración de utilidad pública, blindando así una superficie de 10 hectáreas, 59 áreas y 64 centiáreas frente a posibles usos que pongan en riesgo su equilibrio natural.
Datos clave
- Número de catálogo
- 756
- Superficie
- 10,5964 hectáreas
- Especie dominante
- Quejigo (Quercus faginea)
- Término municipal
- Vitoria-Gasteiz
La decisión, que llega tras la petición impulsada por la propia Junta Administrativa de Mendiola en enero de 2025, no es un mero trámite administrativo. Al incluirlo en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Álava con el número 756, se reconoce el papel esencial que estos terrenos ejercen en la regulación hidrológica y la protección del suelo contra la erosión.
Este rincón, situado en la parcela 93 del polígono 16 de Vitoria-Gasteiz, destaca por albergar una masa de Quercus faginea. La catalogación oficial garantiza que el aprovechamiento futuro de estos quejigos deberá realizarse de manera ordenada, asegurando que las rentas derivadas reviertan directamente en el pueblo.
El Servicio de Montes fundamentó la propuesta tras verificar que el terreno cumple con los criterios de especial significación forestal. Durante el proceso, no se registraron alegaciones, lo que permitió agilizar la firma definitiva del acuerdo por parte del Consejo de Gobierno Foral el pasado 4 de agosto.
El siguiente paso será la inmatriculación en el Registro de la Propiedad. La protección es total.
Este movimiento administrativo deja los lindes del monte perfectamente definidos: al norte limita con montes y fincas particulares de Mendiola, al este con el límite concejil de Otazu, y al sur y al oeste con otras fincas privadas.
La resolución definitiva pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado que disienta de este paso tiene ahora dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado, o un mes si prefiere la vía de reposición ante el propio Consejo de Gobierno.
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