Normas Forales·Boletín Bien de Álava,

Las Haciendas vascas y Navarra comparten el sistema de control de IVA

Las administraciones forales y la Agencia Tributaria firman un convenio para unificar la vigilancia del IVA en gasolinas y gasóleos, buscando reducir el fraude.

Las Haciendas Forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra van a empezar a utilizar el sistema informático de la Agencia Tributaria estatal para vigilar el IVA de los carburantes. El objetivo es sencillo y necesario: prevenir y combatir el fraude en las gasolinas, gasóleos y biocarburantes que salen de los depósitos fiscales.

Datos clave

Duración inicial
4 años
Ámbito
Gestión de garantías de IVA en carburantes
Partes firmantes
Agencia Tributaria, Navarra y las tres Diputaciones

Es un paso hacia la coordinación. El acuerdo, ratificado esta semana mediante Norma Foral, permite a las administraciones forales acceder a la aplicación que el Estado ya tiene en marcha. El sistema gestiona las garantías del IVA que los depositantes deben presentar cuando retiran estos productos.

El convenio no es solo una cuestión de software compartido. Es una herramienta de control. Las administraciones forales podrán consultar el estado de los avales y los pagos anticipados a través del modelo 319, además de intercambiar información específica proveniente del SII y del sistema SILICIE.

La información circula en ambos sentidos. La Agencia Tributaria facilitará el acceso, pero también recibirá datos necesarios para que la gestión de las garantías sea eficaz y unificada en todo el territorio. La seguridad de estos datos estará protegida por el Esquema Nacional de Seguridad.

Las administraciones han creado una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Este órgano se encargará de resolver cualquier duda técnica o discrepancia interpretativa durante la vigencia del convenio. Si el sistema falla, hay un protocolo de notificación inmediata entre responsables de seguridad.

El convenio tiene una duración inicial de cuatro años. Es prorrogable por otro periodo igual. No hay intercambio de dinero entre las administraciones. Las partes aseguran que disponen de los medios materiales y humanos necesarios para ponerlo en marcha sin gastos adicionales.

El acceso de los funcionarios a los datos personales sigue reglas estrictas. Cada administración será responsable de lo que hagan sus trabajadores con la información. Se mantendrá la trazabilidad de todos los accesos realizados.

El sistema es ya una realidad administrativa. Las garantías son el escudo del fisco contra el fraude en carburantes.

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