Amurrio regula al detalle la atención a mayores en sus viviendas

El Ayuntamiento de Amurrio ha cerrado formalmente el trámite para regular cómo funcionan sus viviendas comunitarias y servicios de atención diurna para personas mayores. El texto, que ya es definitivo y entrará en vigor en quince días hábiles, pone negro sobre blanco los derechos y obligaciones de quienes residen en estos centros. La normativa nace para ofrecer una respuesta estructurada en los municipios alaveses de menos de 20.000 habitantes.

El reglamento detalla desde la gestión de las habitaciones hasta los cauces de participación ciudadana. Si tienes a alguien querido en una de estas plazas, te interesa saber que el documento establece un periodo de adaptación de tres meses, durante el cual se garantiza un apoyo técnico continuo para facilitar la integración en el entorno.

La norma no se limita a la convivencia: también define quiénes son los beneficiarios prioritarios. Podrán acceder personas mayores de 65 años con Grado I de dependencia, aunque se abre la puerta a situaciones excepcionales para mayores de 60 años que vivan solas o en riesgo de dependencia, siempre con una prescripción técnica que lo respalde.

El texto incorpora un baremo de acceso detallado que puntúa aspectos como el grado de dependencia, la situación económica, las barreras arquitectónicas de la vivienda habitual y el aislamiento social. Este sistema es el que ordenará la lista de espera para asignar las plazas vacantes cuando surjan.

Los derechos de las personas usuarias incluyen el acceso a una información clara, la privacidad en su espacio personal y el derecho a expresar sus deseos sobre la atención recibida o incluso sobre sus últimas voluntades. La normativa, a su vez, regula un régimen sancionador para asegurar la buena convivencia en las instalaciones.

El régimen económico se basa en un precio público que se calculará según la capacidad económica de cada solicitante. Ni el personal ni las empresas que gestionen el servicio pueden aceptar donaciones ni pagos extra; cualquier irregularidad en este sentido es tajantemente rechazada por el texto.

Si la administración detecta que se ha ocultado información económica para obtener una plaza, las consecuencias son claras: se abrirá un expediente de reintegro de ayudas o incluso la extinción del derecho al servicio.

Finalmente, el documento incluye un anexo con las normas de funcionamiento interno que tocarán el día a día: desde el respeto al silencio en horas de descanso hasta cómo deben gestionarse las visitas o las comidas en el comedor, siempre bajo la premisa de la dignidad de las personas mayores.