Amurrio aprueba su ordenanza para las ayudas de servicios sociales
Amurrio ya cuenta con su normativa definitiva para la prestación económica vinculada al servicio de atención a la dependencia. Las cuantías varían según la renta y el arraigo en el territorio.
Los vecinos de Amurrio tienen desde esta semana una nueva normativa municipal que regula la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). Se trata de una ayuda destinada a financiar servicios de atención diurna o de alojamiento, como las viviendas comunitarias, cuando no forman parte del sistema público de servicios sociales. La ordenanza ha quedado aprobada definitivamente tras completar su periodo de exposición pública sin recibir reclamaciones.
Datos clave
- Importe mensual
- Hasta 575,30 €
- Modalidades
- Ordinaria y de respiro
- Plazo recurso
- 2 meses
Esta prestación está pensada para personas en riesgo de dependencia o con Grado I de dependencia reconocido. Se articula en dos modalidades: una ordinaria, para estancias superiores a 45 días al año, y otra de respiro, para estancias de hasta 45 días, diseñada para momentos en los que los cuidadores habituales necesitan un periodo de descanso o realizar reformas en el domicilio.
La ayuda tiene carácter periódico, es intransferible y su cuantía varía según la capacidad económica de cada titular. Por ejemplo, en la modalidad ordinaria, la cuantía máxima mensual fijada para quienes acreditan tres años de empadronamiento en Álava y financian un alojamiento permanente es de 575,30 €.
Para el resto de beneficiarios sin ese nivel de protección adicional, la ayuda base para el mismo grado y supuesto es de 300,00 €. En el caso de la modalidad de respiro, el precio por noche varía desde los 10,00 € básicos hasta los 45,00 € para quienes cumplen los requisitos de residencia histórica en el Territorio Histórico de Álava.
El derecho a percibir esta ayuda está vinculado a la existencia de un Programa Individual de Atención y al mantenimiento de los requisitos de acceso. Cualquier cambio en la situación personal que afecte a la dependencia o a la capacidad económica debe comunicarse en un plazo máximo de 15 días naturales.
El ayuntamiento se reserva la capacidad de revisar las prestaciones en cualquier momento para verificar que se siguen cumpliendo los objetivos. Además, la norma establece un régimen de compatibilidades con otras ayudas estatales, aunque especifica que las deducciones correspondientes se aplicarán en los términos previstos.
Si el servicio elegido no está ubicado en el Territorio Histórico de Álava, será necesario un certificado que acredite su homologación. El pago se realizará por mensualidades vencidas, excepto en los servicios de respiro, donde se requiere la presentación de factura y justificante bancario posterior a la estancia.
Los beneficiarios tienen obligaciones claras: destinar el importe exclusivamente al fin concedido, permitir las labores de comprobación municipal y reintegrar cualquier cantidad percibida indebidamente. La norma entra en vigor tras el paso de los quince días hábiles legales desde su publicación.
La burocracia ha finalizado.
Contra este acuerdo cabe presentar recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Vitoria-Gasteiz. La normativa ya es firme.
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