Amurrio delega la gestión de sus servicios sociales a la Diputación
Amurrio y la Diputación Foral de Álava formalizan el convenio que transfiere la gestión de servicios sociales esenciales. Te explicamos qué prestaciones cambian de manos y cómo se reparten los costes de financiación.
Amurrio y la Diputación Foral de Álava han formalizado un nuevo convenio marco para gestionar los servicios sociales municipales. El acuerdo, aprobado por el pleno el 30 de julio y publicado ahora en el boletín oficial, busca asegurar que la atención a los colectivos más vulnerables no dependa de la capacidad de gestión del ayuntamiento, delegando las competencias en la Diputación.
Datos clave
- Servicios incluidos
- Ayuda a domicilio, infancia, mayores y otros
- Financiación
- 100% Diputación en servicios básicos
- Aporte municipal
- 20% en centros de día y alojamiento
- Vigencia
- 4 años desde 2026
La medida afecta a servicios clave como la ayuda a domicilio, el apoyo a personas cuidadoras, la atención a la infancia y los recursos para víctimas de violencia machista. La Diputación asumirá la gestión directa o indirecta de estas prestaciones, mientras el municipio retiene las funciones de información, valoración y diagnóstico, que seguirán en manos de los servicios sociales de base.
El convenio, con una vigencia de cuatro años prorrogables, busca homogeneizar la calidad y los precios públicos en todo el territorio alavés. Para garantizar el control, se crea una Comisión de Gobierno y Coordinación formada por representantes forales y municipales que supervisará anualmente el estado de ejecución.
En cuanto a la financiación, los términos varían según el servicio. Mientras la Diputación sufraga íntegramente la ayuda a domicilio y el apoyo a cuidadoras, en otros como los centros de atención diurna o el alojamiento para mayores, el ayuntamiento deberá aportar el 20 por ciento del coste, asumiendo también la conservación de los inmuebles donde se presten.
Si el ayuntamiento decide dejar de prorrogar el convenio, deberá comunicarlo previamente para analizar las consecuencias, aunque esto no afectará al resto de municipios adheridos. El acuerdo entra en vigor quince días hábiles después de su publicación.
La gestión ya está en marcha.
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