Llodio aprueba el convenio urbanístico para la parcela 263 de Tubacex
El Ayuntamiento de Llodio da el paso definitivo para ordenar los terrenos de la parcela 263 del polígono 3. El acuerdo ya es firme y marca las reglas del juego urbanístico en el entorno de la Z.I. 6. B Tubacex.
El área industrial de Llodio, marcada históricamente por la huella de Tubacex, suma un nuevo avance en su configuración urbanística tras el visto bueno municipal. El Ayuntamiento ha dado luz verde definitiva al convenio que regula la ejecución sobre la parcela 263 del polígono 3, un trámite necesario para ordenar el futuro uso de esta superficie concreta. El acuerdo quedó sellado por decreto de la alcaldía el pasado 2 de octubre.
Datos clave
- Estado
- Aprobación definitiva
- Ubicación
- Parcela 263, polígono 3, Z.I. 6. B Tubacex
- Fecha decreto
- 2 de octubre de 2026
- Recurso reposición
- 1 mes
- Recurso judicial
- 2 meses
Todo está ya cerrado. La firma de la alcaldesa Ainize Gastaka pone fin a la vía administrativa en el consistorio laudioarra, lo que implica que el proyecto entra ahora en su fase de ejecución efectiva para la zona afectada dentro del plan Z.I. 6. B Tubacex.
Como es habitual en estos acuerdos urbanísticos, el Ayuntamiento ha notificado el paso a los interesados directos en el aprovechamiento de estos terrenos. Si alguno de los titulares o partes afectadas discrepa con las condiciones técnicas o jurídicas aprobadas, el procedimiento administrativo abre la puerta a dos vías de reclamación habituales.
El recurso de reposición puede presentarse ante el propio Ayuntamiento en el plazo de un mes. Alternativamente, los interesados pueden acudir directamente a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado correspondiente en Vitoria-Gasteiz, disponiendo en este caso de dos meses para formalizar la demanda.
Si el recurso de reposición termina en una desestimación, ya sea expresa o presunta, el interesado todavía contaría con el plazo adicional de dos meses para elevar el caso a la vía judicial o seis meses si se opta por esperar a que se produzca la desestimación presunta.
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