Harri Iparra SAU recurre el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria
La promotora ha llevado a los tribunales el acuerdo municipal de aprobación definitiva del PGOU. Tienes nueve días para personarte en el procedimiento si te interesa.
El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que define el futuro urbanístico de la ciudad, se enfrenta a un nuevo escollo judicial. La empresa Harri Iparra SAU ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del 22 de diciembre de 2025, el cual fue publicado en el BOTHA número 147 de finales de ese mismo año y, posteriormente, objeto de una publicación complementaria en el BOTHA número 15 de febrero de 2026.
Datos clave
- Plazo
- 9 días para personarse en el procedimiento
- Procedimiento
- Ordinario 180/2026
- Tribunal
- Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
El procedimiento ordinario 180/2026, que actualmente se tramita en la sección 2 de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, busca cuestionar los términos en los que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dio luz verde definitiva a su planeamiento urbanístico. La resolución judicial resultante de este litigio podría incidir en los desarrollos y normativas que rigen el crecimiento y la edificación en la capital alavesa.
El emplazamiento oficial, firmado por el Director General de Urbanismo, Mikel Inchaurbe Ocerinjauregui, abre ahora un periodo de nueve días para que cualquier persona o entidad con intereses legítimos en el asunto pueda personarse en la causa. Este trámite permite a los afectados seguir de cerca los argumentos de la promotora y la postura del Ayuntamiento ante la sala de lo contencioso-administrativo.
La personación es una vía voluntaria para quienes consideren que la resolución de este litigio puede afectar directamente a sus derechos o intereses patrimoniales vinculados al nuevo PGOU. Al tratarse de un procedimiento ordinario, el proceso se desarrollará conforme a los plazos y formalidades previstos en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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