Zalduondo estrena reglamento para su servicio de ayuda a domicilio

Zalduondo ya tiene a punto su nuevo manual para el servicio de ayuda a domicilio. Tras el periodo de exposición pública sin recibir reclamaciones, el reglamento ha quedado elevado a definitivo y entró en vigor el 1 de enero de 2026. Los vecinos ya pueden conocer las reglas del juego para acceder a este apoyo asistencial, diseñado para facilitar la vida en el hogar a quienes más lo necesitan.

El servicio está orientado a personas con dificultades de autonomía, personas mayores de 65 años que requieran apoyo, menores en situación de desamparo o familias con cargas excesivas. El acceso se basa en un baremo de puntos que valora desde la situación física hasta la económica de toda la unidad familiar, permitiendo que el personal técnico de los servicios sociales determine la intensidad necesaria. Esta oscila entre las 20 y 94 horas mensuales según el grado de dependencia reconocido.

La norma es minuciosa sobre qué se incluye y qué no. Las auxiliares pueden ayudar con la alimentación, la higiene personal, el lavado de ropa o el acompañamiento para gestiones, pero el reglamento excluye expresamente tareas como las obras de reforma, tratamientos sanitarios específicos que requieran titulación médica o la atención a personas convivientes que no sean beneficiarias del servicio.

La transparencia es un eje central de esta regulación. Cada usuario tendrá derecho a una copia de su hoja de tareas y a participar en la programación de los apoyos. A cambio, se exige respeto hacia las trabajadoras y la comunicación previa de cualquier incidencia, con un aviso mínimo de 24 horas para las ausencias temporales.

El sistema cuenta con un procedimiento de urgencia para casos extremos, que permite una activación inmediata en 48 horas bajo supervisión técnica. Las situaciones de rotación familiar también están previstas, permitiendo que el servicio se preste en distintos domicilios sin perder el derecho.

El precio público se calculará en función de la capacidad económica de cada solicitante, según lo que dictamine la ordenanza fiscal vigente. La falsificación de datos en la solicitud no solo supone la denegación del servicio, sino que abre la puerta a un procedimiento de reintegro por parte de la administración municipal.

La adaptación al nuevo reglamento es clave. Se establece un periodo de tres meses desde el inicio del servicio para evaluar si este se ajusta a las necesidades reales. Si surgieran problemas, se buscarán soluciones conjuntas antes de valorar cualquier otra medida, siempre con la posibilidad de presentar alegaciones en un plazo de 15 días.

El reglamento contempla la extinción definitiva ante impagos reiterados, agresiones al personal o cuando desaparezcan las causas que motivaron la ayuda. La normativa ya es pública.