Dénia limita por barrios el número de pisos turísticos

Dénia ha puesto por fin coto a la expansión de los pisos turísticos en sus zonas más residenciales. Tras meses de incertidumbre y una suspensión cautelar de licencias, el pleno municipal ha aprobado definitivamente la ordenanza que regula dónde y cuántas viviendas de este tipo pueden operar. El objetivo es frenar la saturación y recuperar el equilibrio en un mercado inmobiliario tensionado donde, en la última década, las plataformas digitales han transformado radicalmente el paisaje urbano.

La norma divide el casco urbano en tres grandes áreas de gestión, cada una con reglas de juego distintas. El Área A, que engloba la zona de Corona Norte al norte del camino del Llavador, es la única donde se permiten nuevas altas, aunque con un tope máximo del 25 por ciento sobre el total de viviendas existentes. Actualmente, esta área se sitúa en torno al 10 por ciento, excepto en el Raset, que roza el 12.

El Área B es terreno vedado para la expansión. Aquí se incluyen zonas como Pont, Raset, Colón, Eixample Extramuros, Sandunga-Fontanella, Marques de Campos, Sant Pere, Roques y el Núcleo Intramuros. No se autorizan nuevas licencias, pero se permite mantener las existentes. Si un piso turístico cierra, su plaza queda libre para una nueva alta que cubra ese hueco.

El resto de la ciudad, catalogada como Área C, afronta la regulación más estricta: un límite máximo de apenas el 1 por ciento de viviendas turísticas. En este grupo se encuentran barrios como Benicadim, Grupo Mariners, Trinquet, Libertad, Sant Antoni, Hort, Jorge Juan, Pintor Llorens, Avenida València, Convento, Calp, Sant Josep, Ferràndiz, París, Avenida Alicante, Llavador, Paseo Saladar, Corona Sur y la parte de Corona Norte al sur del camino del Llavador.

El caso de Jesús Pobre es particular. En su casco urbano, donde predomina la residencia habitual, la ordenanza prohíbe renovar licencias o dar nuevas altas una vez que las actuales caduquen. La intención es clara: dedicar esos inmuebles al alquiler de larga duración.

Para operar, cualquier propietario deberá obtener un certificado de compatibilidad urbanística previo en el ayuntamiento. El procedimiento administrativo tiene un plazo de resolución de tres meses, y es importante recordar que el silencio administrativo no juega a favor del solicitante: si tras ese plazo no hay resolución expresa, la petición se considera desestimada.

Los apartamentos legalmente implantados antes de la entrada en vigor de esta norma no verán alterada su situación jurídica. La medida busca, ante todo, una convivencia sostenible y asegurar que el mercado residencial no pierda más músculo ante la rentabilidad turística.

Las tablas de datos detalladas por zona, que sirven como hoja de ruta para saber si tu barrio permite nuevas licencias, ya son públicas. Puedes consultarlas en el anexo de la ordenanza o solicitar el certificado de compatibilidad en la sede electrónica municipal.