Orihuela revisa la adjudicación de 2008 tras una sentencia penal

El Ayuntamiento de Orihuela ha puesto en marcha un proceso para declarar la nulidad de un acuerdo plenario que ya tiene casi dos décadas de historia. Se trata de la adjudicación del concurso 87/18/08, relativo a la recogida de basuras y limpieza viaria, concedido en septiembre de 2008 a la unión temporal de empresas formada por Sufi, Liasur y Gobancast, posteriormente conocida como UTE Orihuela Capital de la Vega Baja.

La decisión municipal llega tras la sentencia penal 1/2026, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, que confirma el uso de información privilegiada para ganar aquel contrato. El fallo judicial acreditó que los representantes de las empresas adjudicatarias contaron con la ayuda de un concejal para conocer datos reservados sobre el pliego, lo que otorgó una ventaja injusta sobre el resto de los licitadores.

Aunque el contrato finalizó en 2012, el Ayuntamiento mantiene que los efectos jurídicos y económicos de aquella adjudicación viciada aún no han sido zanjados. El Consistorio busca ahora cerrar el capítulo de forma definitiva.

El objetivo del procedimiento actual es triple: anular el acuerdo plenario de 2008, evitar que la empresa reciba indemnizaciones o beneficios industriales por una adjudicación declarada nula por la justicia, y reclamar los daños y perjuicios económicos causados al erario público. Un informe técnico, ya incorporado al expediente, valora el alcance de ese perjuicio financiero.

Los interesados tienen ahora 15 días hábiles para presentar alegaciones. El expediente completo, incluyendo la sentencia penal y el citado informe de valoración de daños, está disponible en la sede electrónica municipal para su consulta pública durante un periodo de 20 días.

El camino será largo.

Las consecuencias jurídicas son claras. No habrá compensaciones.