El Ràfol d'Almúnia actualiza el impuesto de obras: tipo y bonos

El Ràfol d'Almúnia estrena desde esta semana nuevas reglas para pagar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El ayuntamiento ha dado luz verde definitiva a su ordenanza fiscal, que fija un tipo de gravamen del 3,00 % y establece bonificaciones específicas para fomentar la sostenibilidad y la accesibilidad.

La normativa pone negro sobre blanco cómo calcular la base imponible: se tomará el presupuesto presentado por el interesado, siempre que cuente con el visado oficial, o bien se aplicará un sistema de módulos. Este último utiliza un precio de referencia de 1.100 € por metro cuadrado para viviendas de protección oficial y 1.237,32 € para las de vivienda libre, ajustado por los coeficientes de uso y clase que detalla el texto aprobado.

Si piensas en rehabilitar o construir, hay ahorros posibles. El pleno municipal ha previsto una bonificación del 50 % para aquellas obras declaradas de especial interés o utilidad municipal por razones sociales, culturales o de fomento del empleo. La solicitud debe presentarse obligatoriamente antes de iniciar la obra.

También hay incentivos para las mejoras en eficiencia energética y accesibilidad. Las instalaciones solares para aprovechamiento térmico o eléctrico contarán con una bonificación del 80 %, al igual que las actuaciones que favorezcan el acceso y habitabilidad de personas con discapacidad. La instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos se bonifica con un 50 %.

Todo tiene matices. Si la normativa técnica ya te obliga a instalar paneles solares, por ejemplo, no podrás pedir esa deducción específica.

La gestión del tributo queda delegada en Suma Gestión Tributaria, por lo que será ahí donde debas presentar la declaración y solicitar los beneficios fiscales en el momento de liquidar. El ayuntamiento se reserva la potestad de comprobar el coste real al finalizar los trabajos y ajustar la liquidación definitiva.

El documento entra en vigor tras su publicación oficial. La alcaldesa Estefanía Rovira ha firmado el acuerdo que deja sin efecto la normativa anterior que databa de 2008.