Nueve empresas alimentarias pierden su autorización sanitaria
La Junta de Andalucía ha revocado la autorización sanitaria de nueve negocios alimentarios en Sevilla. Los afectados tienen un mes para recurrir tras no ser localizados en sus domicilios.
Nueve empresas y establecimientos alimentarios de Sevilla han perdido su autorización sanitaria de funcionamiento tras una resolución de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo. La administración ha publicado esta relación oficial porque no ha logrado localizar a los titulares en sus domicilios conocidos, lo que obliga a este trámite para que las notificaciones sean legales.
Datos clave
- Plazo
- 1 mes desde el 23 de septiembre de 2026
- Qué hacer
- Interponer recurso de alzada
- Dónde
- Avenida de Luis Montoto 87, Sevilla
- Consecuencia
- Revocación de autorización sanitaria
La lista de afectados incluye a las sociedades Embutidos Castriel, Salazones y Congelados Alcores, Conservas Mar Océano, Hispafish, Farru Ramírez, Distribuidora de Embutidos y Lácteos, S. Coop. Andaluza Vesania, Servicios y Maquila Merino y Postigo, y al empresario José Ortega Vega. Para todos ellos, la consecuencia es la revocación del permiso sanitario y la cancelación definitiva de su inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
Si eres responsable de alguno de estos negocios, la documentación completa está a tu disposición en la oficina de Sanidad Alimentaria, situada en la Avenida de Luis Montoto número 87 de Sevilla. Es ahí donde se detalla el motivo concreto que ha llevado a esta extinción de la autorización en cada caso.
Contra esta resolución cabe interponer un recurso de alzada ante la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud. El plazo para presentar dicho recurso es de un mes a contar desde el 23 de septiembre de 2026.
El expediente es firme. La notificación se realiza ahora al amparo de la ley de procedimiento administrativo, aunque el anuncio oficial en el boletín del Estado será el que marque los plazos definitivos para la validez legal del trámite.
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