Gilberto Mauricio Rave García y Carmen María Fernández Aguilera, fijos
Dos nuevos profesionales consolidan su plaza fija en Huelva y Almería. Tienen diez días hábiles para formalizar su contrato antes de iniciar sus funciones definitivas.
Nuevas incorporaciones refuerzan los servicios de la Junta de Andalucía esta semana. Tras la última resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, dos profesionales han obtenido su plaza fija como personal laboral tras superar los procesos selectivos correspondientes.
Datos clave
- Plazo formalización
- 10 días hábiles
- Gilberto Mauricio
- Jefe servicios técnicos, Huelva
- Carmen María
- Técnica educación infantil, Almería
- Periodo prueba
- 1 mes
- Recurso
- 2 meses en jurisdicción social
Gilberto Mauricio Rave García asume desde ahora la jefatura de servicios técnicos y de mantenimiento en la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con base en Huelva. Por su parte, Carmen María Fernández Aguilera se incorpora como técnica superior en educación infantil a la Escuela Infantil Torres de los Ángeles, ubicada en Almería.
Ambos disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para formalizar sus contratos ante la Secretaría General Provincial correspondiente. El periodo empieza a contar desde este jueves, 13 de agosto, día siguiente a la publicación oficial en el boletín. Si no comparecen en ese margen, se considerará que desisten de la plaza adjudicada.
El contrato estipula un periodo de prueba inicial de un mes para ambos trabajadores. Este plazo se considerará superado únicamente si ya han desempeñado funciones similares bajo el convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía por un tiempo equivalente.
Las inscripciones en el Registro General de Personal se realizarán de manera automatizada a través de la plataforma informática SIRhUS. Es un trámite interno que garantiza la correcta anotación de estos nuevos destinos.
Contra esta resolución, cualquier persona que considere vulnerados sus derechos puede interponer demanda ante la jurisdicción social en un plazo de dos meses.
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