Justicia, Administración Local y Función Pública·Boletín Bien de Andalucía,

Cinco funcionarios asumen nuevos puestos judiciales en Andalucía

La Consejería de Justicia resuelve el concurso de mayo de 2026 para las oficinas judiciales andaluzas, dejando cinco nombramientos firmes y cuatro vacantes.

Nueve puestos de trabajo en oficinas judiciales de toda Andalucía ya tienen nombre, o al menos un camino despejado para ser ocupados. La Secretaría General de Servicios Judiciales ha resuelto el concurso específico convocado en mayo de 2026, dejando un mapa de movimientos que afecta a juzgados desde Jaén hasta Algeciras.

Datos clave

Plazas adjudicadas
5 puestos cubiertos
Plazas desiertas
4 puestos sin titular
Recurso reposición
1 mes
Recurso contencioso
2 meses

El proceso ha sido selectivo y riguroso. Se han valorado los méritos de los candidatos conforme al reglamento de personal al servicio de la administración de justicia, ajustándose a la estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

No todos los puestos han encontrado titular en esta ronda. Cuatro de las nueve plazas convocadas quedan desiertas, lo que sugiere que el proceso de provisión continuará o requerirá de nuevas convocatorias para cubrir esos huecos en Arcos de la Frontera, La Línea de la Concepción, Palma del Condado y Utrera.

Los funcionarios que sí han obtenido destino ocuparán jefaturas de equipo y áreas clave en la gestión de servicios comunes. Pablo Sendino Archiles en Algeciras, María del Rosario Gálvez Díaz en Cádiz, Francisco Morano Pichardo en Huelva y Daniel Latorre Rodríguez en Jaén asumen sus nuevas responsabilidades tras esta resolución.

Maria del Carmen de Vera Manrique es otra de las profesionales que se incorpora, asumiendo su cargo en Jerez de la Frontera. La lista oficial, publicada en el boletín, detalla los códigos de identificación de cada puesto asignado.

Los interesados que discrepen de esta resolución tienen dos vías para presentar recurso. Pueden interponer uno de reposición ante la Secretaría General en el plazo de un mes, o acudir a la vía contencioso-administrativa en un máximo de dos meses.

Todo movimiento administrativo tiene sus tiempos. Los ahora designados deberán tomar posesión de sus nuevos puestos según marcan las normas estatales de ingreso y provisión vigentes.

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