Redistribución de fondos para el empleo de personas con discapacidad

Las arcas públicas andaluzas ajustan sus cuentas para que la burocracia no deje a nadie atrás en la integración laboral de personas con discapacidad. La Consejería de Empleo ha detectado que, tras el cierre de solicitudes de la convocatoria 2025 para adaptar puestos y eliminar barreras arquitectónicas en centros especiales, algunas peticiones cumplían los requisitos pero se habían quedado sin fondo en sus partidas originales.

El problema se ha resuelto mediante una redistribución interna y provincial del dinero. Córdoba, que tenía un remanente sin utilizar por falta de demanda, ha cedido parte de su crédito para rescatar expedientes pendientes en Granada, que necesitaba un empujón extra de 3.600 euros para atender a sus solicitantes.

También se han movido fondos dentro de las propias provincias de Almería y Granada para encajar el dinero en las partidas donde los beneficiarios realmente lo requieren. La cifra total del programa, 47.500 euros, se mantiene inalterada, pero su destino final ha cambiado considerablemente.

Los números no mienten. Granada ve cómo su presupuesto total para estas ayudas salta de los 5.400 euros iniciales a 9.000 euros finales, mientras que Córdoba reduce su disponibilidad de 6.500 a 2.900 euros al ajustarse a la realidad de lo que se ha solicitado realmente en su territorio.

Esta reasignación no abre ninguna puerta nueva. Los solicitantes que ya estaban en el proceso no tienen que realizar ningún trámite adicional, ya que el movimiento contable busca precisamente agilizar la resolución de los expedientes que ya estaban sobre la mesa.

La resolución ya es firme.