700.000 euros para formar a trabajadores andaluces con silicosis

Andalucía pone sobre la mesa 700.000 euros para que trabajadores afectados por silicosis puedan reciclarse profesionalmente. La convocatoria, publicada esta semana en el BOJA, busca financiar acciones formativas en modalidad de teleformación para quienes han visto limitada su capacidad laboral por esta enfermedad, una realidad que sigue golpeando en sectores como la minería, la construcción o la industria cerámica.

El fondo se divide en dos líneas según la situación laboral de los interesados. La Línea 1 reserva 250.000 euros para personas desempleadas, mientras que la Línea 2 destina otros 100.000 euros para ocupados. El resto del crédito se reparte entre las anualidades de 2026 y 2027, garantizando que el dinero llegue a su destino en un escenario donde la edad media de los afectados ronda los 36 años.

Las entidades de formación privadas son las que deben solicitar estas subvenciones, que cubren el cien por cien de los costes de la actividad. El cálculo se realiza mediante módulos económicos que multiplican las horas de formación, el número de alumnos y el coste unitario. Se permite un máximo de 80 plazas por especialidad, y los centros deben contar con una plataforma propia inscrita en el registro correspondiente.

La norma incluye una red de seguridad. Si en una línea no se cubren las plazas, hasta un 30 por ciento del alumnado podrá provenir del otro colectivo. Además, se exige una reserva del 5 por ciento de las plazas para personas con discapacidad, garantizando siempre, al menos, una plaza para este grupo.

Las entidades interesadas deben presentar su solicitud exclusivamente a través de la plataforma PROFEUS+A. El plazo para hacerlo es de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria. Si una entidad presenta más de una solicitud por línea, solo se tendrá en cuenta la última enviada.

El pago de la ayuda es anticipado. Los centros recibirán el 70 por ciento de la subvención tras la concesión, sin necesidad de justificar gastos previos, quedando el 30 por ciento restante sujeto a la revisión final de la justificación técnica y económica. Las acciones formativas deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses desde la resolución.

Los criterios de valoración premian la experiencia técnica y la calidad de gestión. Hasta 20 puntos se reservan para el personal formador en plantilla, otros 10 para sistemas de calidad vigentes, y 5 puntos adicionales para la formación en género e igualdad. El empate se resuelve según lo establecido en las bases reguladoras.

Los expedientes deben ser rigurosos. La falta de documentación en los plazos marcados implicará la inadmisión o el desistimiento. La formación no es solo una ayuda económica, es una oportunidad para quienes han tenido que abandonar su ocupación habitual por prescripción preventiva y buscan un nuevo horizonte laboral.