La Agencia de Obra Pública toma el control total del metro y tranvía
La Junta transfiere a la Agencia de Obra Pública la gestión integral de sus metros y tranvías. El decreto, publicado este miércoles, busca centralizar la toma de decisiones técnicas para ganar agilidad.
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía amplía sus galones. Un decreto publicado este miércoles formaliza el traspaso de competencias para que este organismo tome las riendas de la explotación ferroviaria en toda la comunidad, dejando atrás la necesidad de acuerdos puntuales del Consejo de Gobierno para cada decisión operativa.
Datos clave
- Entidad afectada
- Agencia de Obra Pública de Andalucía
- Ámbito
- Red ferroviaria y tranviaria autonómica
- En vigor
- 6 de agosto de 2026
El cambio centraliza en la Agencia el mando técnico de infraestructuras como el Metro de Sevilla, el de Málaga, el de Granada y el Trambahía de Cádiz. Ya no se trata solo de construir, sino de gestionar el día a día: desde la supervisión técnica y las marchas en blanco previas a una apertura comercial, hasta la redacción de normativas de mantenimiento y la formación de los operarios.
La norma, que entra en vigor este jueves, detalla una lista de funciones que abarca desde la potestad para imponer sanciones leves y graves hasta la aprobación de las tarifas anuales de los servicios. En la práctica, la Agencia asume el control total sobre la operativa, lo que incluye la capacidad de modificar frecuencias, calendarios y horarios sin depender de los constantes vaivenes burocráticos que marcaban la etapa anterior.
La medida nace con la intención de ganar eficacia, ya que la Junta reconoce que no existe otra entidad en Andalucía con el rodaje técnico necesario para estas tareas. El decreto, además, ajusta la estructura orgánica de la Consejería de Fomento para que el Centro de Coordinación para la Gestión y Control del Transporte Público se alinee con este nuevo reparto de funciones.
El texto recalca que esta transferencia de responsabilidades se considera un asunto de organización interna del Estado. Por tanto, queda blindada ante la Directiva Europea sobre contratación pública, evitando así complicaciones administrativas adicionales al reorganizar quién hace qué dentro de la administración autonómica.
Se abre una nueva etapa operativa. Todo sigue igual para el usuario final.
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