Nace la Comisión de Coordinación del Empleo Público en Andalucía
La Junta de Andalucía crea un órgano técnico para coordinar las políticas de personal en toda la región, desde universidades hasta ayuntamientos. Tendrán un mes para su constitución.
El panorama del empleo público en Andalucía cuenta desde este lunes con una nueva pieza en su engranaje: la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Este órgano colegiado nace al amparo de la Ley de Función Pública de 2023 con el encargo de poner orden, homogeneizar criterios y facilitar la gestión de recursos humanos entre las distintas administraciones de la comunidad.
Datos clave
- Constitución
- Plazo de 1 mes desde la entrada en vigor
- Frecuencia reuniones
- Al menos cada 6 meses
- Composición
- Responsables de consejerías y entes locales
La norma, publicada este 27 de julio, estructura este nuevo organismo como un foro técnico de consulta y asesoramiento. Su principal objetivo es que las políticas de empleo no caminen cada una por su lado, buscando una actuación conjunta que, sobre el papel, debería mejorar la eficacia del servicio que recibe el ciudadano.
El órgano estará presidido por el titular de la consejería competente en administración pública y contará con una vicepresidencia y un amplio abanico de vocalías. Estas últimas incluyen a los responsables de educación, salud, justicia, universidades, hacienda y administración local, además de las direcciones del Instituto Andaluz de Administración Pública y del Servicio Andaluz de Empleo.
El diseño de la comisión reserva espacio también para la representación exterior. Ocho sillas están destinadas a representantes externos: cuatro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y otros cuatro de las universidades públicas andaluzas.
Entre las funciones que se le encomiendan destaca la elaboración de estudios, el análisis de proyectos normativos y la propuesta de medidas de movilidad interadministrativa. También deberá elevar un informe anual de seguimiento sobre el estado del empleo público andaluz.
La comisión se reunirá, al menos, cada semestre. Sus acuerdos no serán vinculantes, pero contarán con el respaldo técnico necesario para que sus recomendaciones tengan peso en la toma de decisiones del Consejo de Gobierno.
La perspectiva de género es una obligación explícita en su funcionamiento. Deberá identificar brechas y analizar datos desglosados por sexo para aplicar la igualdad en el personal del sector público andaluz.
Se constituye el órgano. Tendrá un mes para echar a andar tras la entrada en vigor del decreto. Los medios materiales y personales correrán a cargo de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, garantizando así, según el texto, que su puesta en marcha no suponga gasto adicional alguno.
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