Zonas de bajas emisiones en Andalucía: solo 10 municipios aprueban

Andalucía se ha tomado en serio el aire que respiran sus ciudadanos, aunque el proceso para limitar los humos en las ciudades de más de 50.000 habitantes está resultando un examen con muchas asignaturas pendientes. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado su informe de fiscalización sobre las zonas de bajas emisiones y el documento revela que, a fecha de marzo de 2025, solo un tercio de los municipios afectados había conseguido poner los deberes en orden.

El informe subraya una disparidad notable en el nivel de cumplimiento. De los 30 municipios obligados a implantar estas áreas, únicamente 10 contaban con una zona establecida. La disparidad no se queda en el calendario, ya que la gestión de los recursos económicos también muestra grietas. Los ayuntamientos han destinado un total de 46,6 millones de euros a la creación de estas zonas, con una media de 5,1 millones por municipio, pero la fiscalización apunta a que la contratación externa ha sido la vía principal sin que esto haya garantizado siempre un diseño técnico robusto.

Las deficiencias detectadas son generalizadas. Muchos proyectos técnicos carecen de objetivos cuantificables claros, sufren carencias en el diagnóstico previo o no han previsto calendarios de seguimiento, lo que dificulta saber si realmente se está mejorando la calidad del aire. En casos como Córdoba, el propio Ayuntamiento reconoció la convivencia de la nueva zona con espacios ACIRE preexistentes, mientras que en otros municipios ni siquiera se han definido los puntos de medición de la contaminación.

Los consistorios andaluces se han defendido en un trámite de alegaciones que ocupa buena parte del informe. Se citan retrasos administrativos, la complejidad técnica de las obras o la necesidad de adaptar planes de movilidad anteriores como causas justificadas para no haber llegado a tiempo. Algunas ciudades, como Huelva o Algeciras, han argumentado procesos de redacción en marcha que deberían estar culminados próximamente.

La Cámara de Cuentas no ha pasado por alto estos argumentos, pero ha sido rigurosa en sus respuestas. En la mayoría de las alegaciones, la institución ha recordado que el hecho de estar en fase de licitación o de disponer de un proyecto técnico sin aprobar no equivale a tener una zona plenamente establecida y operativa conforme a la ley. El aire sigue siendo una cuenta pendiente y la gestión de los fondos públicos, un examen que muchos ayuntamientos deberán volver a presentar.