Utilidad pública para la línea eléctrica de la planta El Cortijo
La Junta de Andalucía ha declarado la utilidad pública del proyecto fotovoltaico de Huéneja, habilitando la ocupación urgente de los terrenos necesarios para el tendido.
Los terrenos de Huéneja que se verán afectados por el proyecto de infraestructura eléctrica de Amapola Desarrollos España ya tienen un estatus legal definido: la Junta ha declarado la utilidad pública de la instalación. Esta medida facilita la ocupación de fincas y derechos necesarios para completar la línea subterránea de 30 kV que conectará el centro de transformación con la planta solar El Cortijo.
Datos clave
- Beneficiario
- Amapola Desarrollos España, S.L.
- Ubicación
- Huéneja (Granada)
- Recurso reposición
- 1 mes desde el 14 de agosto de 2026
La resolución, firmada el 14 de julio por Gumersindo Carlos Fernández Casas, delega en la empresa la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio. Esto implica que, a partir de ahora, la compañía puede iniciar la ocupación urgente de los bienes afectados o, preferiblemente, cerrar acuerdos mutuos con los propietarios para evitar el procedimiento de expropiación forzosa.
El listado de afectados es extenso y variopinto. Entre los titulares se encuentran desde el propio Ayuntamiento de Huéneja hasta el Ministerio para la Transición Ecológica, pasando por una larga lista de particulares, herederos y parcelas que figuran bajo investigación catastral.
El trazado cruza fincas de labor y labradío secano, zonas de pastos, vías de comunicación de dominio público e incluso cauces de hidrografía natural. Para el particular afectado, la declaración implica el derecho a ser indemnizado por los daños y ocupaciones derivados de la obra, incluyendo la tala de arbolado si fuera estrictamente necesaria.
Aunque el proyecto ya cuenta con su autorización administrativa previa y de construcción, el proceso administrativo no admite más alegaciones. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cualquier interesado puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa.
La resolución no es solo un trámite, es el pistoletazo de salida para la ocupación efectiva. Los afectados que aún no hayan llegado a un acuerdo con la empresa tienen ante sí un camino definido por ley para reclamar sus derechos de propiedad.
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