Andalucía ajusta el control de las ayudas a la dependencia
La Intervención General actualiza el control previo de las ayudas a la dependencia para adaptarse a las últimas reformas legales y agilizar la fiscalización de los pagos.
La Junta de Andalucía ha reorganizado el sistema de control previo sobre las ayudas a la dependencia, una pieza técnica que afecta a cómo se fiscalizan los pagos antes de que lleguen a los beneficiarios. La Intervención General ha dictado una nueva resolución que, con fecha de 11 de septiembre de 2026, pone al día el procedimiento para que la fiscalización sea más coherente con las recientes reformas en la gestión de estas prestaciones.
Datos clave
- Control 100%
- Primer pago del Grado III+
- Ámbito
- Prestaciones vinculadas y asistencia
- Efecto
- Informes desfavorables suspensivos
El cambio es necesario. La normativa reciente ha introducido nuevas figuras y simplificado trámites, lo que obligaba a adaptar los controles para no entorpecer los procesos. La nueva regla del juego, publicada en el BOJA el 22 de septiembre, sustituye a las instrucciones de 2022 y clarifica qué debe auditarse antes de autorizar el gasto.
La principal novedad es el trato diferenciado para el nuevo Grado III+ de dependencia extrema. Mientras que para el resto de grados se mantiene un sistema de muestreo provincial para revisar la cuantía de las prestaciones, los pagos destinados a personas con Grado III+ en modalidades específicas (ayuda a domicilio y asistencia personal) se auditarán al 100 por cien. Esta supervisión total será competencia directa de la Intervención que fiscaliza a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
El alcance de esta fiscalización tiene límites claros. Se centra exclusivamente en verificar que la determinación de la cuantía y los documentos contables sean correctos, sin entrar a valorar otros trámites administrativos que ya deberían estar resueltos. Todo expediente que reciba un informe desfavorable quedará paralizado, con efectos suspensivos, hasta que se subsanen los errores técnicos detectados.
Esta resolución también simplifica el papeleo interno. Se incluyen hasta siete modelos de anexos para estandarizar desde la remisión de listados hasta los informes finales de fiscalización. La medida busca, en esencia, que el control sea más ágil y eficiente sin perder rigor en la supervisión de los fondos públicos destinados a la dependencia.
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