El Consorcio de Transporte de Granada asume el control del bus a Sierra Nevada
La Dirección General de Movilidad ha transferido al Consorcio de Granada la gestión integral del servicio de autobuses hacia Sierra Nevada tras la firma de un nuevo contrato.
El trayecto que une Granada con la Sierra Nevada cambia de manos en su gestión diaria. La Dirección General de Movilidad y Transportes ha formalizado el relevo administrativo sobre el servicio VJA-032, delegando todas las funciones de control y explotación al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada.
Datos clave
- Servicio afectado
- VJA-032 Granada-Sierra Nevada
- Delegación
- Gestión, control y explotación
- Entidad delegada
- Consorcio de Transporte de Granada
- Fecha resolución
- 18 de agosto de 2026
Este movimiento responde a la reciente firma de un nuevo contrato de concesión para la línea. La administración autonómica ha decidido actualizar el marco delegatorio para ajustarlo a las condiciones vigentes, dejando sin efecto la resolución anterior que databa de enero de 2023.
La delegación no es una carta blanca. El Consorcio de Granada asume la gestión operativa, pero con límites claros: cualquier decisión que implique una modificación contractual sobre el servicio queda fuera de su alcance, reservándose la Dirección General la última palabra en esos supuestos.
Para evitar desajustes, el Consorcio deberá emplear obligatoriamente las herramientas informáticas y los sistemas de control que dicte la Consejería de Fomento y Movilidad. La coordinación es, según el texto, la prioridad absoluta.
Si la operativa del servicio afectara a desplazamientos que excedan el carácter metropolitano, el Consorcio está obligado a solicitar un informe previo a la Dirección General. El ámbito de actuación está estrictamente marcado.
Todo sigue igual.
La resolución, firmada el 18 de agosto de 2026 por el director general José Miguel Casasola Boyero, entró en vigor con su publicación. Los usuarios no deberían notar cambios en la frecuencia o el servicio, puesto que se trata de un ajuste en la cadena de mando y supervisión entre la Junta y el ente consorciado.
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