La Junta frena la regularización de Los Carneros y 25 hábitats rurales

El sueño de regularizar el asentamiento de Los Carneros y otros 25 hábitats rurales diseminados en el término municipal de Málaga va a tener que esperar. La Junta de Andalucía ha decidido suspender la aprobación definitiva de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbanística malagueño que pretendía dar carta de naturaleza a estas zonas.

El problema no es de voluntad, sino de deberes técnicos. El informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, emitido el pasado 14 de septiembre, detecta deficiencias sustanciales que el Ayuntamiento debe subsanar antes de que el expediente pueda seguir adelante. Las carencias en la documentación técnica son variadas y afectan a la esencia misma de cómo se pretende integrar estos terrenos en el planeamiento general.

Para el caso concreto de Los Carneros, el documento se queda corto. Se le exige al consistorio que aplique las determinaciones del artículo 36.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y, sobre todo, que cambie la clasificación de suelo propuesta. Según la Junta, tal y como está planteado, el ámbito no se integra correctamente en la malla urbana y debe proponerse una clasificación coherente con su situación real.

En cuanto a los otros 25 hábitats rurales, el requerimiento es igual de estricto. La administración autonómica exige que se justifique de forma individualizada cada ámbito propuesto. No basta con incluirlos, hay que acreditar que encajan en el concepto legal de hábitat rural diseminado y, crucialmente, garantizar que las nuevas edificaciones en parcelas vacantes no transformen el entorno en una estructura urbana, manteniendo así su carácter rural.

La Junta también señala la ausencia de condicionados específicos en materia de cultura y observaciones ambientales que resultan obligatorias para que la revisión sea viable. El trabajo pendiente es considerable.

El Ayuntamiento de Málaga debe ahora elaborar un documento que levante estas suspensiones. Si las modificaciones resultantes afectan a la ordenación estructural o alteran intereses públicos, el proceso deberá volver a someterse a información pública y recabar nuevos informes. Todo el trámite está ahora en manos municipales.

Contra esta orden se puede interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o, en su defecto, un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.