Veintiocho empresas aragonesas reciben ayudas FEDER para tecnología

El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón ha cerrado la resolución de las ayudas FEDER destinadas a fomentar las tecnologías limpias y eficientes en empresas de la comunidad. El resultado final del proceso, firmado por la consejera Eva Valle, deja una lista de beneficiarios con ayudas que oscilan entre los 3.434 y los 485.437 euros con 67 céntimos.

Veintiocho empresas aragonesas han logrado obtener financiación para sus proyectos de inversión productiva este 2026. La lista de nombres refleja una gran diversidad industrial, desde firmas como Fresco Frío, que encabeza la cuantía de subvención concedida con casi medio millón de euros, hasta la Compañía de Transformaciones Metálicas de Aragón, que recibe la dotación más modesta del grupo.

El camino hasta esta resolución no ha sido lineal para todos. Tres empresas, ZFoam España, Somvital y Exopol, presentaron su renuncia formal antes de que la comisión de valoración cerrara los expedientes, dejando sus plazas vacantes en el programa.

La evaluación técnica ha sido rigurosa, dejando fuera a un total de 27 solicitudes en el anexo de desestimadas por no alcanzar la puntuación mínima exigida o por actividades que no encajaban en los criterios de la prioridad STEP. Otros siete expedientes figuran como no concedidos por desistimiento o falta de requisitos técnicos, cerrando así la lista definitiva de esta convocatoria.

Las entidades que han recibido el visto bueno foral tienen ahora la obligación de justificar sus inversiones siguiendo los artículos 28 y 29 de la orden. El expediente detalla además condiciones específicas para activos inmateriales y equipos de segunda mano que todas las empresas deben cumplir para mantener la ayuda intacta.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, las empresas desestimadas o interesadas disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano, o bien pueden acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un plazo de dos meses. El proceso, financiado al cien por cien con fondos europeos, queda así clausurado.