Utilidad pública para el parque eólico Caballos II en Teruel

El parque eólico Caballos II, proyectado para los municipios turolenses de Castellote, Berge, Molinos y Seno, ha superado un paso decisivo en su tramitación administrativa. La Consejería de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón ha declarado, mediante orden oficial, la utilidad pública de esta instalación, un trámite que habilita legalmente a la empresa promotora, Parques Eólicos Caballos y Hocino, SL, para proceder a la expropiación forzosa de los bienes y derechos estrictamente necesarios para el proyecto.

Este reconocimiento pone fin a meses de incertidumbre y tensiones administrativas. El expediente, que arrastra una larga lista de recursos y alegaciones presentadas tanto por asociaciones como por el propio Ayuntamiento de Castellote, llega a esta fase tras resolver las discrepancias sobre la compatibilidad con derechos mineros preexistentes en la zona. La resolución oficial subraya que la utilidad pública implica la urgente ocupación de los terrenos afectados, una medida que el promotor ya tiene avalada por la autorización de construcción otorgada anteriormente.

Las alegaciones, presentadas durante el periodo de información pública, ponían el foco en aspectos ambientales y en una supuesta fragmentación del proyecto. Sin embargo, el Servicio Provincial de Teruel ha desestimado las objeciones, argumentando que las cuestiones ambientales y procedimentales ya fueron valoradas durante la concesión de la autorización previa y la declaración de impacto ambiental. El documento recalca que el Ayuntamiento de Castellote no emitió informe técnico alguno a pesar de los diversos requerimientos realizados desde 2020.

El proyecto, que cuenta con una potencia instalada inferior a los 50 megavatios, debe ahora garantizar el respeto al patrimonio cultural local. En concreto, la empresa está obligada a cumplir las medidas de control paleontológico y arqueológico, incluyendo el uso del sistema Blade Lifter para el transporte de palas en las cercanías de la Fuente del Salz, un enclave que ha requerido una modificación específica del trazado de los viales para asegurar su integridad.

El listado de bienes afectados es extenso, abarcando más de un centenar de fincas en los cuatro términos municipales. Entre los titulares se encuentran desde ayuntamientos y administraciones públicas hasta particulares y sociedades mineras. La relación completa de parcelas, con sus respectivas superficies de ocupación, caminos y afecciones subterráneas, queda recogida en el anexo de la orden publicada, donde se detalla el impacto individualizado para cada afectado.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, los interesados disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano, o bien dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La seguridad jurídica del proyecto queda, a partir de ahora, vinculada a esta declaración de utilidad pública.