Sotalbo estrena normativa para su primer taxi

Sotalbo ya tiene su propia normativa para el servicio de taxi. Tras el periodo de exposición pública en el que no se presentó ninguna reclamación, el Ayuntamiento ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de junio de 2026. La nueva ordenanza marca el paso para el sector en el municipio con reglas claras para el único vehículo que, por ahora, podrá operar en sus calles.

El texto fija un límite máximo de una sola licencia para el término municipal, aunque prevé su posible ampliación futura si el interés público, el volumen de población y la demanda lo justifican. Esta licencia tendrá carácter indefinido siempre que se cumplan los requisitos periódicos de seguridad, calidad y las obligaciones propias de la actividad.

Los conductores deberán cumplir con una jornada mínima de ocho horas durante cinco días a la semana. En cuanto al vehículo, la normativa exige que sea de color blanco, lleve el escudo de Sotalbo en una franja diagonal granate en las puertas y cuente con taxímetro visible e iluminado. Además, desde 2026, las placas de matrícula traseras deberán ser obligatoriamente de fondo azul con caracteres en blanco mate.

La ordenanza incluye un régimen sancionador que divide las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre los 100 y los 6.000 euros. En casos de reincidencia en faltas muy graves durante un año, la cuantía podría alcanzar los 18.000 euros. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, mientras que las graves lo harán a los dos años y las muy graves a los tres.

Los taxistas deberán vestir con corrección, tratar a los viajeros con buenas maneras y depositar en la oficina municipal cualquier objeto olvidado por un pasajero. El conductor estará obligado a dar cambio hasta 50 euros y no podrá negarse a prestar servicio salvo causa justa, como ser requerido por alguien perseguido por la policía o por un número de viajeros que exceda la capacidad del turismo.

El cumplimiento de estas normas es obligatorio. El alcalde, Juan Manuel del Nogal, es quien tiene la potestad sancionadora en el municipio. Si algún ciudadano o empresa quiere recurrir este acuerdo, dispone de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.