Cinco proyectos de energía renovable reciben 332.692 euros en Balears
Ver las 61 ayudas abiertas en las Illes Balears →Cinco empresas balears logran financiación para proyectos de autoconsumo y almacenamiento bajo el marco del Factor de Insularidad de 2026.
El Govern ha cerrado el grifo de las ayudas a la inversión en energías limpias dentro del Factor de Insularidad de 2026, y el reparto final deja un saldo de 332.692,74 euros repartidos entre cinco empresas. Las resoluciones publicadas esta semana ponen nombre y apellidos a los proyectos que han logrado pasar el filtro técnico, con disparidad de importes según la potencia instalada y la tipología de las actuaciones.
Datos clave
- Total concedido
- 332.692,74 €
- Beneficiarios
- Es Magatzem, Compañía Insular Mercantil, Carabela Family, Cabot Centre Disseny
- Programa
- Factor de Insularidad (FACTOR 2026)
- Plazo inversión
- Entre 4 y 9 meses
El mayor beneficiario individual de esta hornada es Es Magatzem S.L., que se hace con dos concesiones de 113.658,54 euros cada una para sendas instalaciones de autoconsumo de 116,1 kWp, incluyendo en ambos casos el plus por eliminación de amianto. Esta firma acapara así el grueso de la partida presupuestaria de esta convocatoria.
En el otro lado de la balanza, Compañía Insular Mercantil S.A. percibe 81.516,90 euros por una combinación de autoconsumo de 124,2 kWp y un sistema de almacenamiento de 168 kWh. Las otras dos empresas beneficiarias, Carabela Family 2019 S.L. y Cabot Centre Disseny S.L., reciben cuantías mucho más modestas: 15.834,00 euros y 8.024,76 euros, respectivamente.
El dinero tiene fecha de caducidad y obligaciones estrictas. Las empresas deben finalizar sus inversiones en plazos que oscilan entre los 4 y los 9 meses desde la notificación, dependiendo de la potencia de la instalación. No hay margen para el retraso: cualquier modificación no comunicada o la falta de justificación antes del límite forzará el reintegro de los fondos con intereses.
Las exigencias incluyen mantener la actividad y la inversión durante cinco años. Durante este tiempo, la Sindicatura de Cuentas o la Intervención General podrán fiscalizar la contabilidad separada que los beneficiarios están obligados a mantener. La burocracia, en este caso, es el precio de la energía renovable.
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