Ochenta plazas en la Residencia Reina Sofía de Ibiza, concertadas
El Govern balear blinda la atención residencial para dependientes en la Residencia Reina Sofía de Ibiza para los próximos cuatro años. El acuerdo establece las condiciones de las 80 plazas y su financiación.
La Residencia para Mayores Reina Sofía de Ibiza asegura su continuidad en la red pública balear para los próximos cuatro años. La Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y la Fundación Ignacio Wallis han formalizado un acuerdo de acción concertada para mantener el servicio residencial destinado a personas mayores de 65 años con grados II y III de dependencia.
Datos clave
- Plazas
- 80 plazas para mayores de 65 años
- Vigencia
- 1 de diciembre de 2026 a 30 de noviembre de 2030
- Importe total
- 10.339.906,08 €
- Coste diario
- 126,38 € IVA incluido
- Entidad
- Fundación Ignacio Wallis
El pacto garantiza la financiación de 80 plazas residenciales hasta noviembre de 2030, con un presupuesto máximo de 10.339.906,08 euros, una vez descontada la aportación por copago de los usuarios. El calendario de pagos se extiende a lo largo de cuatro ejercicios presupuestarios, con anualidades que rondan los 2,5 millones de euros anuales.
El coste diario por plaza se ha fijado en 126,38 euros con IVA incluido, una cifra que suma al precio base de 94,67 euros una serie de complementos por personal, edificio y alquiler que la fundación ha acreditado cumplir. Este desembolso se hará efectivo previa justificación mensual de los servicios prestados, incluyendo la ocupación real de las plazas.
El acuerdo establece un régimen claro para las ausencias. Si un usuario abandona temporalmente la plaza por motivos voluntarios, la administración no aporta contraprestación y el usuario paga el 75 por ciento de la estancia. En caso de ausencia obligada, como una hospitalización, el usuario abona el 50 por ciento.
Los criterios de acceso siguen siendo gestionados directamente por la Consejería. El centro, bajo la dirección de la Fundación Ignacio Wallis, tiene la obligación de aceptar a las personas designadas, contando con un periodo de adaptación de 30 días para evaluar la idoneidad del encaje en el centro.
La transparencia y la supervisión son ejes centrales de este nuevo marco. La entidad deberá mantener actualizada la lista de reserva y emplear el sistema informático de la Dirección General para registrar altas, bajas e incidencias en tiempo real.
Las ausencias escuecen.
La gestión también exige visibilidad. La entrada del centro lucirá el escudo institucional y la condición de centro perteneciente a la red pública balear, con el objetivo de que cualquier usuario identifique claramente el carácter del servicio que recibe. El acuerdo cierra así una etapa de incertidumbre sobre la continuidad de estas 80 plazas en Ibiza.
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