Doce ayudas para acolchado agrícola en Ibiza superan el presupuesto
El Consell Insular d'Eivissa resuelve la concesión de ayudas para materiales biodegradables tras un trasvase de fondos. Doce proyectos reciben dinero y uno queda fuera.
El campo ibicenco busca modernizarse con plásticos biodegradables, pero el presupuesto no siempre estira lo suficiente para cubrir todas las peticiones. El Consell Insular d'Eivissa ha resuelto finalmente su convocatoria de ayudas para el acolchado agrícola de 2026-2027, dejando claro qué proyectos reciben el apoyo y cuál queda fuera de la línea e) por cuestiones de cuantía mínima.
Datos clave
- Recurso
- 1 mes (reposición) / 2 meses (contencioso)
- Cuantía total
- 13.303,57 €
- Beneficiarios
- 12 proyectos
- Importe máximo
- 3.000 € por beneficiario
La partida principal ascendía a 12.000 euros, una cifra que se reveló insuficiente ante el volumen de proyectos presentados. Para cubrir el total de los 13.303,57 euros concedidos, el Consell ha tenido que realizar un trasvase de fondos desde la línea de ayudas a fincas colaboradoras. El movimiento contable permite que todos los expedientes validados reciban su importe íntegro.
Un total de doce beneficiarios, incluyendo particulares y sociedades, se reparten ahora este fondo. Dos de ellos destacan al alcanzar el tope máximo de la convocatoria, fijado en 3.000 euros: la sociedad Can Escarrer y otro solicitante particular. El resto de las concesiones son mucho más modestas, oscilando desde los 3.000 euros mencionados hasta los 412,32 euros que recibirá la ayuda menor.
Los diez expedientes restantes se distribuyen en importes de 635,97 euros, 637,67 euros, 1.011,44 euros, 560,97 euros, 596,20 euros, 930,32 euros, 856,04 euros, 1.094,14 euros, 568,50 euros y la cuantía mínima ya citada. Todas estas cantidades cubren los requisitos documentales exigidos por la convocatoria.
Un solicitante ha visto denegada su petición. La razón es técnica: su proyecto no alcanzaba el umbral mínimo de inversión exigido en las bases de la convocatoria.
La resolución agota ya la vía administrativa. Quien desee cuestionar el decreto tiene un mes para presentar un recurso de reposición ante la Presidencia del Consell o, si lo prefiere, dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa en Palma.
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