Menorca aprueba el modelo para concertar servicios sociales

El Consell Insular de Menorca ha dado luz verde al modelo administrativo que regirá la concertación de servicios sociales en la isla para los próximos años. Se trata de un documento técnico que estandariza cómo el sector público y las entidades privadas, preferentemente del tercer sector, colaborarán para cubrir las necesidades asistenciales marcadas en el plan insular vigente.

El acuerdo no es un contrato mercantil al uso, sino una herramienta de colaboración bajo el régimen de acción concertada. Esto implica que, aunque la gestión diaria recaiga en terceros, la financiación, el acceso y el control administrativo siguen siendo públicos. El modelo aprobado el pasado 27 de octubre por la consejera ejecutiva, Carmen Reynés, establece las cláusulas que deberán cumplir todas las entidades que deseen prestar servicios incluidos en la Cartera de servicios sociales de Menorca.

Entre las condiciones que detalla el nuevo modelo, destaca la exigencia de que las entidades acrediten medios personales, técnicos y organizativos suficientes para garantizar la calidad del servicio. El documento también regula los mecanismos de inspección que el Consell podrá ejercer en cualquier momento y las causas de resolución, entre las que figuran el incumplimiento de objetivos o la negativa a atender a las personas usuarias derivadas.

La norma también fija cómo debe ser la gestión de las plazas y los derechos de los usuarios. Las entidades concertadas tendrán la obligación de informar adecuadamente a los menores y a sus familias, además de establecer un procedimiento de quejas accesible. El control del servicio será constante por parte del Servicio de Autorizaciones, Acreditación, Registro e Inspección de Servicios Sociales.

Los detalles económicos también quedan atados. Cada acuerdo particular deberá especificar los precios unitarios por plaza, el gasto máximo total y la partida presupuestaria que le corresponde. El modelo entra en vigor tras su publicación oficial, marcando el paso previo indispensable para cualquier futura convocatoria de concierto social en la isla.

El documento está cerrado. Se acabaron los flecos.

Las entidades interesadas en estos conciertos deberán ajustarse a este patrón para poder formalizar su colaboración con el Consell Insular. La resolución dictada por Reynés pone orden en el sistema de concertación, alineándolo con la normativa balear de 2018 sobre servicios sociales.