Barcelona y el AMB pactan el control de las motos eléctricas de alquiler

Barcelona renueva su apuesta por la movilidad compartida y lo hace, una vez más, delegando las llaves del garaje a la administración metropolitana. El Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona han suscrito un nuevo convenio para que sea esta última la que gestione las licencias temporales de motos y ciclomotores eléctricos de alquiler. Es el mecanismo habitual para ordenar el despliegue de estos vehículos sin que la vía pública se convierta en un caos de aparcamiento.

La gestión técnica no se hace sola. La sociedad mercantil Iniciatives tecnològiques de mobilitat, participada por la propia AMB y por Barcelona de Serveis Municipals, se encargará de configurar y controlar la plataforma que supervisa cuántas motos hay en cada momento. Es el cerebro digital detrás de la licencia.

El acuerdo tiene un coste. El Ayuntamiento aportará un máximo de 242.424,00 € a lo largo de los próximos cinco años para financiar esta delegación de competencias. El cálculo se basa en una tasa de 14 € por cada vehículo operativo, tomando como media las 4.329 motos que han circulado por la capital durante 2025.

Los pagos están ya calendarizados. El gasto previsto para este ejercicio de 2026 asciende a 10.606,00 €, mientras que para 2027, 2028 y 2029 la cifra sube hasta los 60.606,00 € anuales. El último ejercicio, 2030, se cerrará con un pago de 50.000,00 €.

Las cifras oscilarán. El importe final dependerá del número real de motos en circulación. Si la flota cambia, las partes revisarán el convenio mediante una adenda técnica.

La vigilancia está asegurada. Se ha creado una comisión de seguimiento con técnicos de ambas administraciones para resolver cualquier conflicto que pueda surgir sobre el terreno.

Nada cambia en la potestad sancionadora. El Ayuntamiento se reserva íntegramente el poder de multar a quienes aparquen donde no deben. La delegación solo afecta a la gestión de licencias, no a la autoridad municipal sobre la calle.