Reorganización de la plantilla en el Ayuntamiento de Badia del Vallès
El consistorio aprueba cambios en la relación de puestos de trabajo que incluyen la amortización de una plaza, nuevas denominaciones y una reconversión técnica.
El pleno municipal de Badia del Vallès ha dado luz verde a una reestructuración de su plantilla, tras el acuerdo alcanzado en la mesa general de negociación conjunta el pasado 25 de junio de 2026. Este ajuste organizativo, que busca adaptar las funciones y adscripciones de varios puestos de trabajo, afecta principalmente a las áreas de Presidencia y de Territori i Sostenibilitat.
Datos clave
- Plazo de recurso
- 1 mes para reposición o 2 meses para vía contenciosa
- Fecha de acuerdo
- 25 de junio de 2026
La medida más destacada es la amortización de una plaza de recepcionista-controlador adscrita a la actual Área de Presidència, que dejará de existir en la estructura municipal. Paralelamente, el consistorio ha decidido transformar el puesto de coordinador de la OAC y OMIC, que pasará a convertirse en un perfil de técnico superior jurista, desplazando su adscripción del área de presidencia al área de Territori i Sostenibilitat.
El personal administrativo también verá cambios en su día a día. Las posiciones de recepcionista de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) y otras dos plazas de recepcionista-controlador sufren variaciones tanto en su denominación como en su dependencia orgánica, moviéndose hacia las áreas de Territori i Sostenibilitat o d’Acompanyament a les Persones, según el caso. Todas ellas mantienen su régimen jurídico mixto (funcionario/laboral).
En el ámbito operativo, los dos puestos de oficial d’obres i manteniment, que hasta ahora figuraban bajo la denominación (IEM), pasan a llamarse oficialmente oficial d’obres i manteniment (Brigada), manteniendo su adscripción al área de Territori i Sostenibilitat y su régimen laboral.
Contra este acuerdo municipal, al ser un acto definitivo en vía administrativa, cabe la posibilidad de interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes, o bien recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de dos meses desde la publicación oficial. Estos cambios suponen, en esencia, un nuevo mapa organizativo que busca mayor especialización técnica en el organigrama del ayuntamiento.
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