Castelldefels estrena reglamento para el uso de armas de su policía

Castelldefels ya cuenta con un marco normativo propio para el uso de armamento en su cuerpo de policía local. El reglamento, que acaba de publicarse oficialmente tras desestimar las alegaciones presentadas por el grupo municipal Movem en Comú Podem durante el proceso, establece las reglas del juego para todo tipo de equipamiento, desde las armas de fuego hasta los dispositivos menos letales.

La norma aclara que la jerarquía en el uso de la fuerza debe ser progresiva: siempre se debe intentar primero la vía verbal y no violenta. Solo en situaciones de grave riesgo para la seguridad ciudadana o la integridad física de los agentes y terceros se contempla el despliegue del arsenal. Si la situación escala, el orden de intervención es estricto: dispositivos de gas o gel irritante, dispositivo conductor de energía (DCE) y, finalmente, el arma de fuego.

El documento pone especial énfasis en el DCE. Su uso requiere formación específica, la obligatoriedad de grabar la intervención mediante dispositivos personales de grabación (DPG) y la presencia garantizada de asistencia médica posterior. Además, se prohíbe su despliegue en mujeres embarazadas, menores de 12 años o personas con salud débil, siempre que los agentes puedan apreciar estas condiciones en el momento de la intervención.

En cuanto a las armas de fuego reglamentarias, el reglamento detalla las causas tasadas para su retirada preventiva. Un agente podrá ser desarmado temporalmente si no supera las pruebas psicotécnicas, si permanece de baja por incapacidad más de 60 días o si existe una denuncia por delitos contra las personas, entre otros supuestos. La custodia de estas armas queda centralizada bajo la dirección del cuerpo.

La norma no se olvida del mantenimiento y la capacitación técnica. Se establecen al menos dos ejercicios de tiro obligatorios al año para todo el personal, con la posibilidad de realizar jornadas de entrenamiento voluntarias. El incumplimiento de estas directrices, además de las posibles consecuencias penales, conllevará la apertura de procedimientos disciplinarios según la normativa de policías locales de Catalunya.

El reglamento entrará en vigor una vez transcurridos los quince días hábiles desde su publicación, fijada este 18 de septiembre de 2026. Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el plazo de dos meses.