El Prat estrena su canal de denuncias interno para la gestión municipal
El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat pone en marcha un sistema oficial para informar de irregularidades bajo estrictas garantías de anonimato y protección.
El Prat de Llobregat estrena esta semana su nuevo canal de denuncias interno, diseñado para facilitar la comunicación de irregularidades en la gestión municipal sin miedo a represalias. Se trata del reglamento que articula el sistema de integridad institucional exigido por la normativa contra la corrupción, y que ya es oficial tras su aprobación definitiva por el pleno municipal.
Datos clave
- Responsable
- Comité Antifrau del Ayuntamiento
- Plazo respuesta
- 3 meses (prorrogables 3 adicionales)
- Acuse de recibo
- Máximo 7 días tras la presentación
El sistema está abierto a cualquier persona que tenga conocimiento de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones administrativas graves o delitos en el ámbito del Ayuntamiento o sus entes dependientes. La puerta está abierta para empleados públicos, proveedores, contratistas, voluntarios y hasta personas en procesos de selección o contratación.
El órgano responsable de gestionar estas comunicaciones es el Comité Antifrau del Ayuntamiento, que actuará de forma independiente y autónoma. Su función es recibir, investigar y resolver las alertas recibidas, siempre bajo un principio de máxima confidencialidad que protege la identidad de quien informa.
La normativa garantiza la protección de los denunciantes de buena fe frente a cualquier tipo de acoso o discriminación laboral. Para asegurar esta protección, la norma prohíbe taxativamente usar el canal para dirimir conflictos interpersonales o presentar denuncias falsas, las cuales serán archivadas de inmediato con la posible exigencia de responsabilidades.
La vía preferente para presentar la información es telemática a través de una interfaz segura. Quien presente una alerta recibirá un acuse de recibo en un plazo máximo de siete días y una resolución en un periodo de hasta tres meses, prorrogables por otros tres en casos de especial complejidad.
El reglamento subraya que la persona que comunica la información no adquiere la condición de parte interesada en el expediente, aunque podrá ser informada del estado de la tramitación si sus derechos resultan afectados. Se busca así fomentar una cultura de ética y transparencia.
La norma entró en vigor tras su publicación y el cumplimiento de los plazos administrativos legales. Todo el proceso, desde la recepción de la alerta hasta su resolución, está detallado en un diagrama de flujo incluido en el anexo del texto aprobado.
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