El Prat aprueba el nuevo reglamento de alquileres sociales

El Prat de Llobregat cuenta desde esta semana con una nueva normativa para gestionar sus viviendas de emergencia social. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el reglamento que regirá a partir de ahora cómo se adjudican estos pisos temporales y, sobre todo, cuánto deberán pagar por el alquiler las familias que atraviesan dificultades económicas.

El servicio, gestionado por la empresa municipal Prat Espais, busca ordenar un sistema que a menudo se enfrentaba a situaciones complejas. La norma, publicada oficialmente este agosto, establece que el precio del alquiler no será fijo, sino que se ajustará a los ingresos de cada unidad de convivéncia, vinculando el coste a indicadores sociales como el índice de renta de suficiencia (IRSC).

Los primeros tres años del contrato, la normativa marca límites estrictos según el nivel de ingresos ponderados. Para las familias con menos recursos, el alquiler no podrá exceder el 10 por ciento de sus ingresos, mientras que para aquellas cuyos ingresos superen 1,5 veces el IRSC, la cuota se situará en el 30 por ciento. El reglamento detalla también que estos precios privados no incluyen gastos de mantenimiento o desperfectos causados por el uso.

La transparencia es el eje central de este nuevo documento, que exige a los solicitantes presentar un desglose detallado de su situación financiera. Desde la declaración de la renta y los extractos bancarios de los últimos seis meses, hasta certificados de pensiones o situaciones de desempleo, todo debe estar perfectamente justificado ante la empresa pública.

Una de las novedades más prácticas del texto es el mecanismo de morosidad sobrevenida. El reglamento permite que personas que ya ocupaban una vivienda municipal en régimen ordinario, y que han sufrido una bajada drástica de ingresos, puedan ser trasladadas al régimen de emergencia social si cumplen los requisitos, evitando así un desahucio inmediato.

La revisión será anual y obligatoria. Si las circunstancias económicas de la familia mejoran o empeoran de manera substancial, el alquiler se recalculará para mantener el principio de equidad. Los inquilinos tienen, además, la obligación constante de comunicar cualquier cambio en su nómina o ingresos a Prat Espais.

El reglamento entra en vigor tras su publicación definitiva, después de un proceso administrativo en el que no se presentaron alegaciones. El consistorio ha cerrado así la fase de aprobación de este marco normativo.

Las ausencias escuecen.