Esparreguera estrena reglamento para el servicio de ayuda a domicilio

Esparreguera ha puesto orden en su servicio de ayuda a domicilio con la aprobación definitiva del nuevo reglamento municipal, un documento que detalla cómo funciona, quién puede pedirlo y cuáles son los derechos y deberes de todos los implicados. La normativa, que entrará en vigor tras cumplir los plazos legales, busca profesionalizar la atención que ya reciben muchos vecinos en el municipio.

El texto estructura el servicio en tres modalidades claras. La primera, el SAD Dependencia, está reservada para personas que ya cuentan con un grado reconocido bajo la ley estatal. La segunda, el SAD Preventivo, es para quienes están en proceso de tramitación del grado y necesitan una atención urgente, con un límite máximo de 18 meses. Por último, el SAD Social se enfoca en situaciones de riesgo o vulnerabilidad, con planes de trabajo temporales adaptados a cada familia o adulto.

El acceso al servicio no es automático ni abierto a cualquiera, sino que pasa por una evaluación técnica de los servicios sociales básicos del ayuntamiento. Los criterios técnicos y la disponibilidad de recursos mandan, aunque se priorizan casos muy específicos: mayores de 80 años que vivan solos o en pareja sin apoyo familiar, situaciones de vulnerabilidad económica, o progenitores monoparentales con personas a cargo.

El reglamento entra en un detalle minucioso sobre el día a día. Se especifican qué tareas se incluyen, desde el apoyo en la higiene o la alimentación hasta compras domésticas o pequeños mantenimientos como cambiar una bombilla. También se aclara que las empleadas no limpiarán escaleras ni zonas comunes de comunidades de vecinos, un límite frecuente que queda ahora negro sobre blanco.

La seguridad y la transparencia son ejes centrales de este texto. Se regula expresamente la videovigilancia en los hogares, que deberá garantizar siempre la privacidad de los trabajadores, y se normaliza el uso de llaves: la custodia de las mismas por parte de la entidad proveedora será siempre voluntaria y nunca un requisito obligatorio para acceder a la ayuda.

El régimen sancionador también queda definido para evitar abusos o incumplimientos graves. Las infracciones van desde la falta de respeto al personal hasta el falseamiento de datos para acceder al servicio o el uso indebido de la ayuda. Las sanciones oscilan entre amonestaciones, suspensiones temporales del servicio o la extinción definitiva en los casos más extremos. La normativa es ya oficial y, tras el periodo de exposición pública en el que no se presentaron alegaciones, el ayuntamiento tiene ahora un marco jurídico estable para gestionar el día a día de este pilar de bienestar local.