Igualada regula el uso de pistolas eléctricas en su Policía Local

La Policía Local de Igualada tiene desde el 26 de agosto un nuevo reglamento que blinda cómo y cuándo deben utilizarse sus pistolas eléctricas, también llamadas dispositivos conductores de energía (DCE). La norma, que ya es definitiva, busca poner orden en el uso de una herramienta diseñada para incapacitar temporalmente a una persona sin recurrir a armas de fuego.

La normativa es taxativa sobre quién puede portar estos dispositivos. Solo estarán disponibles para los agentes que ejerzan como responsables del servicio y que, además, hayan superado una formación teórica y práctica específica. Esta instrucción incluye no solo el manejo del arma y sus protocolos de seguridad, sino también técnicas de reanimación con desfibrilador automático, un equipo que deberán llevar siempre junto a una cámara de grabación personal.

El uso del DCE queda restringido a situaciones críticas. El reglamento permite su empleo frente a una persona que muestre resistencia activa poniendo en riesgo la integridad física de terceros o de los propios agentes, ante ataques con armas blancas o elementos peligrosos, o en tentativas de autolesión donde el daño que se quiere evitar sea superior al riesgo del propio dispositivo.

La norma establece límites claros. Se prohíbe su uso, salvo circunstancias excepcionales, en mujeres embarazadas, menores de 12 años, personas de edad avanzada o con salud débil, y en entornos con riesgo de deflagración o caídas a distinto nivel. Un disparo accidental, sin impactar en nadie, no requerirá de un atestado judicial, pero sí de una nota informativa al mando jerárquico.

Cada descarga, incluso si falla, debe quedar registrada. Los agentes tienen la obligación de preservar los elementos utilizados, como los cartuchos, para garantizar la cadena de custodia. Asimismo, se debe informar a la autoridad judicial mediante un atestado que detalle los datos técnicos del dispositivo y los resultados de su aplicación.

La trazabilidad es total. Los dispositivos cuentan con un número de serie único y el cuerpo deberá mantener un registro que identifique qué agente tenía asignada el arma en cada momento. Un uso indebido o la falta de supervisión por parte de los mandos será objeto de responsabilidad disciplinaria conforme a la normativa autonómica vigente.

La transparencia es otra exigencia. El protocolo obliga a informar a la persona afectada de los efectos de la descarga y, salvo oposición expresa, a notificar a sus allegados lo sucedido. El reglamento excluye de su aplicación a los servicios de vigilancia municipal, centrándose exclusivamente en los agentes de la Policía Local.