Palau-solità i Plegamans aprueba su nueva ordenanza de civismo

Palau-solità i Plegamans estrena una nueva normativa de civismo y convivencia que busca equilibrar el respeto mutuo con la vida en el espacio público. El Ayuntamiento ha publicado el texto íntegro de la ordenanza, que entra en vigor de forma inminente, tras cerrar el periodo de exposición pública y resolver las alegaciones presentadas durante el proceso de aprobación.

Esta herramienta normativa, que sustituye a la anterior ordenanza de 2009, se apoya en un enfoque educativo y restaurativo, priorizando las medidas de mediación y corrección frente a la sanción económica. El texto identifica una amplia gama de conductas, desde el uso correcto de mobiliario urbano hasta la organización de actos públicos, y establece un régimen sancionador que contempla infracciones de carácter leve, grave y muy grave.

Las multas previstas en el nuevo marco regulador varían significativamente según la gravedad de la falta. Por ejemplo, las infracciones leves, como el consumo de alcohol en la vía pública o el abandono de residuos fuera de los lugares autorizados, pueden acarrear sanciones de entre 50 y 750 euros. En el extremo opuesto, las infracciones muy graves, que incluyen comportamientos discriminatorios, actos de violencia sexual, masclista o LGTBIQ+-fòbica, pueden alcanzar multas de hasta 3.000 euros.

El documento dedica una atención especial a la protección de menores, previendo la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por medidas alternativas, como actividades de servicio comunitario o programas de formación. La norma también detalla regulaciones específicas para la publicidad en la vía pública, el uso de barbacoas, la pirotecnia y la gestión de objetos perdidos, estableciendo procedimientos claros para cada situación.

Para aquellos interesados en el contenido completo, el boletín oficial detalla los 126 artículos que componen la norma, acompañados de tres anexos que especifican el cuadro de sanciones y las medidas alternativas disponibles. Si bien el Ayuntamiento apuesta por el diálogo, el texto recuerda que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, es posible interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses.