Sant Pol de Mar fija en 0,32 €/kWh la recarga eléctrica municipal
El Ayuntamiento de Sant Pol de Mar ya tiene luz verde para cobrar por el uso de sus electrolineras. El precio base por energía consumida ya es oficial, aunque su puesta en marcha técnica sigue pendiente de adjudicación.
Si conduces un vehículo eléctrico por Sant Pol de Mar, el Ayuntamiento ha despejado el camino para que cargues batería en la vía pública. El consistorio ha aprobado definitivamente la ordenanza que regula el uso de los puntos de recarga municipales. La tarifa queda fijada en 0,32 €/kWh para las recargas en puntos semirápidos.
Datos clave
- Tarifa
- 0,32 €/kWh en puntos semirápidos
- Ámbito
- Puntos de recarga de titularidad municipal
- Inicio
- Condicionado a la licitación del servicio
Este precio es el que pagarás por el servicio una vez que las instalaciones estén operativas. El Ayuntamiento subraya que, aunque la normativa ya es oficial, el inicio efectivo de este cobro está condicionado a la licitación del sistema de gestión y facturación. Cuando ese contrato esté listo, el gobierno local publicará la fecha definitiva de entrada en vigor en su web municipal.
El sistema está diseñado para que el pago sea ágil. La norma permite que se realice mediante autoliquidación en los propios puntos de recarga, ya sea por medios físicos o electrónicos, o bien a través de plataformas de empresas de servicios de movilidad eléctrica (EMSP) con las que el Ayuntamiento suscriba acuerdos de interoperabilidad.
La ordenanza no se limita a este punto de precio, sino que establece el marco normativo para que el Ayuntamiento actúe legalmente como operador de puntos de recarga (CPO). El texto justifica esta intervención en la necesidad de fomentar la movilidad sostenible y cumplir con los objetivos de calidad del aire y reducción de emisiones, alineándose con las políticas europeas y nacionales de transición ecológica.
El documento abre la puerta a que estos precios cambien en el futuro. Las tarifas podrían variar dependiendo de la categoría del vehículo u otros parámetros técnicos que el consistorio considere convenientes, siempre bajo los estudios económicos que justifiquen los costes.
La entrada en funcionamiento depende de una licitación.
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