Maresme renueva su plan de concertación económica para 4 años

El Maresme renueva su hoja de ruta para el desarrollo económico y el empleo. El Consell Comarcal ha formalizado un nuevo convenio de concertación con los agentes sociales, patronales y una representación de los treinta municipios de la comarca, asegurando que la maquinaria de planificación siga en marcha durante los próximos 4 años.

La concertación es un ejercicio de equilibrios. En esta mesa se sientan el Consell Comarcal, los sindicatos CCOO y UGT, junto a las asociaciones empresariales FAGEM y PIMEC, además de representantes de ayuntamientos como Mataró, El Masnou, Premià de Mar, Arenys de Mar y Calella. El objetivo es coordinar políticas de empleo que no funcionen como islas, sino como un territorio que sabe qué necesita su mercado laboral.

El documento detalla 9 líneas estratégicas que marcan el trabajo a realizar. Entre ellas destacan la reindustrialización, el apoyo al sector primario y artesano, la transición hacia una economía verde y circular, además de una línea específica dedicada a la reactivación tras la COVID-19 y otra frente a los cambios geopolíticos globales, como las crisis energéticas o las guerras de aranceles.

La estructura de gobernanza es rotatoria y consensuada. El Consell Comarcal ostenta la presidencia, mientras que el Ajuntament de Mataró asume la vicepresidencia. La toma de decisiones en la Comisión Ejecutiva requiere un consenso amplio: no basta con mayoría simple, se exige el voto a favor de los tres sectores presentes para que los acuerdos tengan peso real.

El convenio contempla además la posibilidad de incorporar nuevas entidades. Aquellas organizaciones que demuestren una vinculación clara con los ámbitos de trabajo del acuerdo podrán participar como entidades adheridas, aportando su voz en los debates sin necesidad de ocupar una silla con voto permanente.

El seguimiento del cumplimiento corre a cargo de una comisión específica o de un responsable designado para tal fin, encargado de resolver las posibles discrepancias. Si el consenso falla, el convenio prevé el recurso a la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque el compromiso explícito de las partes es intentar resolver cualquier conflicto de forma amistosa.

El documento nació de una necesidad urgente. Las partes firmantes han subrayado que esta herramienta permite detectar necesidades reales y optimizar recursos públicos. La vigencia es de 4 años, con posibilidad de prórroga automática por otros 4 adicionales si los firmantes así lo acuerdan por unanimidad.

Las ausencias escuecen. En esta ocasión, la firma del acuerdo ha sido respaldada por una selección de representantes municipales y sociales que actúan como punta de lanza de la comarca. El texto ya es oficial y está plenamente en vigor.