Ocho ayuntamientos tienen cuentas pendientes con la Diputación

Ocho municipios de la provincia de Barcelona han recibido un aviso administrativo que exige poner al día sus cuentas sobre las ayudas recibidas para gastos corrientes. La Diputación de Barcelona ha publicado la liquidación provisional del Programa de autonomía local 3.0, un fondo que el pasado año repartió 20 millones de euros entre los ayuntamientos, y que ahora deja una cantidad pendiente de justificar que asciende exactamente a 445.711,72 euros.

El requerimiento afecta a administraciones de distinto peso demográfico. Sant Boi de Llobregat encabeza la lista de cantidades no justificadas, con un total de 278.568,69 euros que, según consta en el expediente, figuran como no presentados. A una distancia considerable le siguen el Ayuntamiento de Badalona, con 41.630,16 euros pendientes, y Lliçà de Vall, con 39.386,60 euros por justificar.

La situación administrativa de cada caso varía significativamente. Mientras algunos ayuntamientos, como los de Lliçà de Vall, Sant Boi de Llobregat y Sant Climent de Llobregat, no han presentado ninguna documentación, otros como los de Castell de l'Areny, Sant Jaume de Frontanyà y la entidad de Sant Miquel de Balenyà sí lo hicieron, pero sus expedientes contienen defectos que requieren enmienda inmediata. Por su parte, Badalona y Cabrils han justificado parte de las sumas concedidas, pero mantienen saldos sin acreditar por valor de 41.630,16 y 29,16 euros respectivamente.

Desde el pasado 28 de mayo, fecha de firma del decreto, los ayuntamientos afectados disponen de un periodo de audiencia de quince días hábiles. Este plazo es el margen que otorga la Diputación para que los consistorios entreguen las facturas faltantes, subsanen los errores técnicos detectados o, en caso de no poder acreditar el gasto, procedan a la renuncia y al reintegro de los importes avanzados por la institución provincial.

El programa, gestionado por la Dirección de Servicios de Cooperación Local, tenía como fecha tope para la presentación de los justificantes el pasado 30 de abril de 2026. Transcurrido este periodo sin que la documentación haya sido validada, el actual proceso de liquidación provisional actúa como el paso previo para la revocación definitiva de los fondos que no hayan quedado debidamente acreditados ante la administración.