Cámaras y planes de seguridad: los ayuntamientos de Barcelona premiados

La Diputació de Barcelona ha cerrado el grifo de los recursos técnicos para 2026 en su convocatoria del Catàleg de serveis, y el resultado deja a muchos ayuntamientos de la provincia con las manos vacías. Tras evaluar las solicitudes, la Junta de Govern ha publicado la resolución definitiva que confirma qué municipios recibirán apoyo para sus proyectos de seguridad local y cámaras de lectura de matrículas y cuáles, por falta de presupuesto o puntuación, tendrán que esperar a una mejor ocasión.

El proceso ha sido competitivo, lo que significa que no bastaba con pedir: había que obtener nota. En el caso de los Planes de Seguridad Local, los ayuntamientos de Sant Fost de Campsentelles, Tona, Canovelles, Sant Adrià del Besòs, Pallejà, Tordera y Torelló han conseguido plaza. Cada solicitud ha sido examinada con lupa bajo tres criterios técnicos, resultando en una puntuación final que ha determinado el orden de prelación.

La lista de beneficiarios para instalar cámaras de lectura de matrículas es mucho más extensa. Diez municipios han logrado la máxima puntuación en este capítulo, asegurando así el apoyo técnico de la Diputació para sus proyectos de control de tráfico y vigilancia. Entre los ayuntamientos seleccionados se encuentran Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí d'Albars, Fogars de Montclús, Copons, Campins, Pujalt, Argençola, Muntanyola, Bellprat y Collsuspina.

Sin embargo, la realidad presupuestaria pesa. Una larga lista de ayuntamientos, desde Castell de l'Areny hasta Guardiola de Berguedà, pasando por Sant Pere de Riudebitlles, han visto sus solicitudes desestimadas por falta de recursos disponibles. Aunque sus proyectos han sido evaluados, la limitación de fondos ha dejado a estos municipios fuera de la concesión directa en esta convocatoria.

La administración foral ha decidido crear una lista de reserva con estos expedientes. Si durante los próximos meses aparecen recursos adicionales, el orden de esta lista será el que dicte los nuevos beneficiarios. Mientras tanto, la resolución es definitiva y sustituye cualquier notificación individual para todos los ayuntamientos implicados.

La ejecución de estos recursos seguirá un calendario ajustado. La Diputació se compromete a entregar los proyectos y planes en un plazo máximo de tres meses desde su adjudicación a las empresas externas, y los ayuntamientos beneficiarios tienen un mes para formalizar la recepción de los trabajos. Si el ayuntamiento no dice nada en ese mes, se entenderá que el trabajo está entregado y conforme.