Cuatro ayuntamientos de Barcelona reciben ayudas de movilidad
Una renuncia permite reasignar recursos de movilidad que estaban en reserva. Cuatro municipios reciben luz verde para sus planes de sostenibilidad tras actualizarse la convocatoria de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona ha movido ficha con su lista de reserva y cuatro ayuntamientos que se quedaron fuera en la primera ronda verán ahora hecho realidad su proyecto de movilidad. La renuncia tácita del Ajuntament d'Argentona a su ayuda para un estudio de movilidad urbana sostenible ha dejado fondos libres que la institución ha reasignado siguiendo el orden de prelación establecido en la convocatoria de 2026.
Datos clave
- Plazo
- 3 meses para entrega del trabajo
- Cuantía
- 6.000 € (Sora, Vilada, Olvan); 6.300 € (Sant Cugat Sesgarrigues)
- Beneficiario
- Ayuntamientos de Sora, Vilada, Olvan y Sant Cugat Sesgarrigues
- Recurso
- 2 meses para recurso contencioso-administrativo
Los beneficiarios son los ayuntamientos de Sora, Vilada, Olvan y Sant Cugat Sesgarrigues. Todos ellos han obtenido 60 puntos en la valoración técnica y administrativa, lo que les permite acceder a los recursos solicitados tras haber permanecido en el banquillo a la espera de que algún recurso fuera liberado.
Sora, Vilada y Olvan reciben cada uno 6.000 € para la redacción de sus planes y estudios de movilidad urbana sostenible, sin necesidad de cofinanciación por su parte. En el caso de Sant Cugat Sesgarrigues, el proyecto cuenta con un coste total de 7.000 €, de los cuales la Diputació aporta 6.300 € y el ayuntamiento debe completar los 700 € restantes.
La gestión es técnica. La Diputació financia inicialmente la totalidad del coste en los proyectos sin cofinanciación, mientras que en los proyectos con aportación municipal, el ayuntamiento debe realizar el ingreso correspondiente una vez notificado el coste final. La vigencia de estas actuaciones está vinculada a la entrega del trabajo definitivo, que deberá realizarse como máximo en los tres meses posteriores a la recepción por parte de la administración.
Es inminente. Los consistorios deben nombrar un interlocutor técnico para el seguimiento de los trabajos y facilitar toda la documentación sobre su planeamiento, cartografía y equipamientos. Si el proyecto se paraliza por causas imputables al ayuntamiento, la Diputació advertirá de que tienen 15 días hábiles para retomar las actividades antes de revocar la ayuda.
La transparencia es obligatoria. Los beneficiarios deberán incluir la marca corporativa de la Diputació en cualquier difusión pública de los resultados obtenidos. El acuerdo pone fin a la vía administrativa, aunque los interesados tienen dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo si así lo consideran necesario.
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