Cinco pisos más de la Diputació para el programa social de Càritas
La Diputació de Barcelona amplía su convenio con Càritas para sumar 5 nuevas viviendas al proyecto destinado a personas en riesgo de exclusión social y desahuciados.
La red de apoyo habitacional de la Diputació de Barcelona crece esta semana con la incorporación de cinco nuevas viviendas al programa que gestiona Càritas Diocesana. Este movimiento, ratificado por la Junta de Govern el pasado 11 de junio, no solo añade activos al fondo social, sino que alarga la vida del convenio de colaboración por un año más, hasta septiembre de 2027.
Datos clave
- Total viviendas
- 69 (64 anteriores más 5 nuevas)
- Fecha fin vigencia
- 24 de septiembre de 2027
- Destino urgente
- 2 pisos para desalojados del Institut Badalona 9
- Estado pisos nuevos
- 2 en obras, 3 listos para entrega inmediata
La ampliación responde a una necesidad urgente detectada en el municipio de Badalona, donde dos de estos inmuebles se reservarán específicamente para alojar a personas desalojadas del antiguo Institut Badalona 9. Los tres pisos restantes se sumarán al parque total de 69 viviendas que la Diputació tiene cedidas actualmente para paliar situaciones de vulnerabilidad extrema.
El estado de los pisos es variado. De las cinco nuevas unidades, dos se encuentran todavía en pleno proceso de obras de adecuación. Según consta en el expediente, se espera que los trabajos finalicen en los próximos dos meses, momento en el cual se procederá a la entrega efectiva de las llaves. Los otros tres pisos están listos para ser ocupados en cuanto se formalice la firma de la addenda.
Las viviendas cuentan con superficies útiles de 57,52, 55,90, 63,39, 52,01 y 91,72 metros cuadrados respectivamente. Todas ellas tienen la calificación jurídica de bien patrimonial y, tras este acuerdo, quedan bajo la gestión directa de Càritas, que deberá garantizar su uso exclusivo para el programa de atención social durante toda la vigencia del convenio.
La Diputació ha justificado esta cesión gratuita priorizando el retorno social sobre la rentabilidad económica. En un contexto de emergencia residencial, el objetivo es maximizar el uso de estos activos, muchos de los cuales estaban siendo evaluados para otros fines, para dar una respuesta inmediata a los colectivos con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.
El acuerdo establece que, al finalizar el periodo de vigencia, la titularidad y el uso de estos inmuebles revertirán automáticamente a la institución provincial. Mientras tanto, las familias beneficiarias contarán con este recurso bajo el amparo de la entidad, que ya gestiona otros 64 inmuebles bajo las mismas condiciones de utilidad pública.
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