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Santa Cecília de Voltregà·Boletín Bien de Barcelona,

Santa Cecília de Voltregà refuerza su red de cámaras de seguridad

El Ayuntamiento ha dado luz verde definitiva a una inyección económica que destina gran parte de los fondos a modernizar los sistemas de videovigilancia locales.

Los vecinos de Santa Cecília de Voltregà verán cómo los sistemas de control y seguridad del municipio se actualizan tras la aprobación definitiva de la modificación de crédito número 2/2026. Este ajuste presupuestario, que ya ha superado el periodo de exposición pública sin recibir reclamaciones, permite al consistorio activar una partida extra destinada a mejorar sus equipos y procesos de información, centrándose especialmente en el despliegue de cámaras.

Datos clave

Inversión seguridad
76.276,15 € adicionales para videovigilancia
Presupuesto total
106.134,11 € para sistemas de seguridad
Plazo recurso
2 meses desde hoy ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Otras partidas
14.979,80 € para trabajos externos y 400 € para la Fundació Albir

La inversión principal asciende a 76.276,15 euros, que se suman a los 29.857,96 euros ya consignados inicialmente. Esta cifra, financiada mediante ingresos procedentes de la Diputació de Barcelona, eleva el presupuesto total para este concepto de seguridad a 106.134,11 euros. El alcalde, Joan Senmartí i Escarrà, ha confirmado que el expediente quedó formalmente aprobado el pasado 15 de mayo.

Además de este grueso inversor, el municipio ha ajustado otras partidas menores para cuadrar sus cuentas. Se han destinado 14.979,80 euros adicionales a trabajos realizados por otras empresas, cubiertos por aportaciones de la Generalitat, y se ha realizado una transferencia interna de 400 euros desde la partida de gastos diversos hacia la Fundació Albir, que ve incrementada su dotación hasta los 1.150 euros.

La maniobra financiera total de esta modificación alcanza los 91.255,95 euros. Con estas cifras cerradas, el Ayuntamiento busca optimizar los servicios técnicos y la gestión cotidiana que depende de proveedores externos, además de la citada apuesta por la videovigilancia.

Contra esta resolución administrativa, aquellos que consideren que sus derechos han sido vulnerados tienen ahora un plazo de dos meses, contados desde hoy, para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

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