Bizkaia exige a partir de julio un examen climático para toda nueva norma

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto fecha a una nueva forma de trabajar en el Botxo y en el resto de los municipios del territorio. Con la publicación de este decreto, cualquier futura disposición de carácter general o actividad planificadora deberá superar, desde su fase de diseño, un informe que analice su huella energética y climática. La medida busca cumplir con la Ley 1/2024 de Transición Energética y Cambio Climático, asegurando que el impacto en el medio ambiente no sea solo una declaración de intenciones, sino un dato técnico más sobre la mesa.

Este nuevo filtro será obligatorio para todas las normas forales, decretos, resoluciones o planes sectoriales que supongan una innovación en el ordenamiento jurídico. El texto, que entrará en vigor al mes de su publicación en el boletín, establece un sistema de autoevaluación donde los departamentos deberán identificar si su proyecto aumentará el consumo de energía, si alterará la movilidad o si afectará al territorio, ya sea mediante nuevas construcciones o cambios en el uso del suelo.

La normativa contempla excepciones, como son los nombramientos de personal, la estructura orgánica interna, la concesión de distinciones o la ejecución de modelos tributarios y presupuestarios. Sin embargo, para aquellas iniciativas que tengan una incidencia real en el clima, el proceso será estricto: si se detectan impactos negativos, la unidad promotora deberá detallar las medidas correctoras para atenuarlos, y si son positivos, proponer acciones para reforzarlos.

Para facilitar el proceso y evitar el solapamiento de trámites, el decreto propone un informe específico único cuando la actividad ya deba someterse a otras declaraciones climáticas europeas, como la prueba DNSH, buscando así la agilidad administrativa que a menudo se echa en falta. Los informes específicos serán verificados por la Dirección General de Medio Ambiente, que dispondrá de un plazo de diez días naturales para dar su visto bueno o discrepar con respuesta razonada.

El decreto también modifica el procedimiento general de elaboración de normas en Bizkaia, integrando este informe de impacto climático junto al ya existente de género como requisito previo indispensable antes de cualquier validación legal. El seguimiento se hará público anualmente a través de una memoria que detallará cómo la perspectiva climática está transformando la actividad foral.

La norma, que deja fuera de su aplicación a los procedimientos que ya contaban con un acuerdo de incoación previo a su entrada en vigor, faculta al departamento competente para actualizar los modelos de informe cuando sea necesario. A partir de ahora, cada trámite deberá incluir este análisis en el expediente, una exigencia que los funcionarios deberán gestionar como parte de su labor cotidiana a partir del próximo 23 de julio.