Gascones cobrará una tasa por organizar eventos en sus caminos rurales

Organizar una marcha ciclista, una ruta a caballo o un evento turístico por los caminos rurales de Gascones ya tiene un coste fiscal. El Ayuntamiento ha elevado a definitivo el acuerdo que regula la tasa por aprovechamiento especial de estos senderos, un impuesto que busca compensar el desgaste de los caminos y hacer partícipe a la organización de los beneficios que obtiene por el uso privativo de un bien que, en esencia, es de todos.

La normativa está diseñada para poner el foco en las actividades con ánimo de lucro. Cualquier empresa, entidad o promotor que organice eventos, ya sean deportivos, culturales o de ocio, y que obtenga una rentabilidad singular por ello, deberá pasar por caja. La tasa se ha fijado en el 1 por 100 del coste total de la actividad que abonen los participantes a los organizadores.

La gestión del tributo dependerá de la frecuencia de la actividad. Los organizadores deberán autoliquidar la tasa en el momento exacto en que soliciten la autorización municipal. Si se trata de empresas que operan de forma habitual en el municipio, el sistema cambia: tendrán que presentar una estimación antes del 15 de enero de cada año y realizar una liquidación complementaria, positiva o negativa, antes del 15 de diciembre, ajustando las cuentas según los usuarios y eventos que finalmente se hayan ejecutado.

El Ayuntamiento ha dejado claro que no hay margen para la picaresca. Quien alegue que su actividad no tiene ánimo de lucro deberá demostrarlo documentalmente. Además, el uso de estos caminos sigue sujeto a normas básicas de convivencia, como el respeto a la fauna, la prohibición de arrojar residuos o la obligación de cerrar las cancelas que se encuentren durante el recorrido.

Esta tasa es compatible con otras exigencias municipales, como las fianzas que ya se requerían para garantizar la conservación del patrimonio rural. En caso de realizar actividades sin la autorización previa, el Ayuntamiento liquidará el importe de oficio, además de las posibles sanciones por infracción tributaria. Si consideras que el acuerdo te afecta directamente, el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.