Jurisdicción de Lara actualiza sus impuestos y tasas para 2027
El Ayuntamiento de Jurisdicción de Lara ha aprobado definitivamente la modificación de sus tres ordenanzas fiscales principales. Los nuevos tipos y tarifas serán efectivos a partir de enero de 2027.
Los vecinos de Jurisdicción de Lara estrenarán calendario fiscal el próximo 1 de enero. El Ayuntamiento ha culminado el proceso administrativo para modificar las ordenanzas que regulan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el suministro de agua y la recogida de basuras, tras un periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones.
Datos clave
- Entrada en vigor
- 1 de enero de 2027
- Tipo urbano IBI
- 0,56%
- Tasa agua vivienda
- 32 € al año (hasta 180 m3)
- Tasa basura vivienda
- 35 € anuales
Todo sigue igual.
El texto íntegro, que ya se puede consultar en el boletín provincial, fija los nuevos tipos de gravamen para el IBI: un 0,56 por ciento para los bienes de naturaleza urbana, un 0,60 para los rústicos y un 1,30 para los de características especiales. El documento también detalla el régimen de exenciones y los supuestos de no sujeción, ajustándose a la normativa de Haciendas Locales.
En cuanto a las tasas, el abastecimiento de agua potable mantiene sus tarifas para el año 2027. Los derechos de conexión se sitúan en 500 euros para uso doméstico y 800 para usos industriales o comerciales. El consumo, por su parte, se factura a 32 euros anuales por los primeros 180 metros cúbicos, añadiendo 0,35 euros por cada metro extra.
La recogida de residuos sólidos urbanos también consolida sus importes anuales. Las viviendas pagan 35 euros, mientras que los alojamientos colectivos, bares, cafeterías y restaurantes elevan la cifra hasta los 70 euros anuales.
El acuerdo cuenta con la firma del alcalde, José María Vicario, y de la secretaria-interventora, Rosa Amparo Escudero. Las nuevas tasas entrarán en vigor de forma automática el primer día de 2027.
Los interesados tienen ahora dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León si consideran que el acuerdo no se ajusta a derecho.
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