Lanzarote aprueba el Plan de Ordenación del Parque de Los Volcanes
El Cabildo de Lanzarote da luz verde definitiva al plan que regirá el Parque Natural de Los Volcanes. El documento, que busca equilibrar la conservación con el cambio climático, entra en vigor tras su publicación.
El Parque Natural de Los Volcanes, ese paisaje lunar que abarca más de diez mil hectáreas entre Tinajo, Yaiza y Tías, estrena por fin su hoja de ruta definitiva. El Cabildo de Lanzarote ha dado luz verde al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, una pieza clave que llevaba años pendiente para dotar de plena eficacia jurídica a este espacio protegido.
Datos clave
- Estado
- Aprobación definitiva
- Ámbito
- 10.158,4 hectáreas (Tinajo, Yaiza, Tías)
- Entidad
- Cabildo Insular de Lanzarote
- Recurso
- Contencioso ante el TSJC en 2 meses
La aprobación definitiva llegó en el pleno del pasado 29 de junio, cerrando un proceso de consulta pública y alegaciones que comenzó en 2024. El plan, que se articula en torno a memorias de información, diagnóstico y ordenación, define desde las limitaciones de uso hasta los criterios para restaurar suelos y controlar especies invasoras.
El documento no solo mira al suelo, también al clima. Incluye un sistema de monitoreo para vigilar el aumento de la temperatura, la variación de las precipitaciones y episodios como la calima. El objetivo es que la gestión sea adaptativa y que las medidas, desde siembras hasta restricciones, se ajusten a lo que los datos del terreno dicten en tiempo real.
También hay un hueco para la perspectiva de género. El plan integra indicadores desagregados por sexos y criterios de igualdad en el uso público y la formación de los agentes económicos del sector turístico y primario. Es un marco que servirá de base para el futuro Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).
El acuerdo se publicará en el boletín insular y entrará en vigor a los quince días hábiles de esa publicación. Contra esta decisión no cabe recurso administrativo, aunque los interesados pueden acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un plazo de dos meses.
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