Doce funcionarios canarios obtienen la compatibilidad para pluriempleo

La Dirección General de la Función Pública ha publicado la relación de autorizaciones de compatibilidad concedidas a empleados del sector público canario durante el primer semestre de 2026. Se trata de un listado de doce profesionales que, mediante este trámite oficial, han visto reconocido su derecho a combinar su jornada laboral en la Administración con actividades privadas o segundas ocupaciones públicas.

Los perfiles son variados: desde personal técnico en direcciones generales hasta personal administrativo en centros educativos y sanitarios. Entre los nombres figuran Juan Enrique Reyes Moreno, técnico en la Consejería de Transición Ecológica, y José Luis González Ávila, técnico en la Dirección General de Transformación Digital, quienes compaginan sus tareas en el sector público con labores privadas, en el segundo caso incluso sumando una plaza de profesor asociado en la Universidad de La Laguna.

La lista destaca por una notable presencia de personal administrativo en centros escolares de Educación que busca complementar sus 18 horas semanales de jornada pública con trabajos en el sector servicios. Es el caso de Belinda Goye García, en el CEIP Hilda Zudán de Telde, o Gabriela Melián Alonso, en el CEIP Camino de la Madera en Santa Lucía de Tirajana, ambas con contratos en hostelería o limpieza fuera de su horario administrativo.

Otros profesionales mantienen vínculos con empresas específicas. María Inmaculada Acosta Artiles, de la Consejería de Sanidad, y Juan Enrique Reyes Moreno figuran asociados a las mismas empresas de jardinería y gestión agrícola. Por su parte, Marcella Martorana, del área de Asuntos Europeos, ha obtenido luz verde para su actividad propia en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas.

Las compatibilidades cubren todo tipo de horarios. Algunos coinciden en tramos de tarde, como Juan Francisco Hernández Ballesteros, programador en Presidencia, mientras que otros coordinan sus clases en las universidades de La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria con sus puestos de personal funcionario o laboral. La resolución, firmada por el Director General Francisco Javier Rodríguez del Castillo, cierra el expediente administrativo correspondiente al segundo trimestre del año.

El documento legal es claro. La autorización es obligatoria.

Cada uno de los doce trabajadores afectados debe cumplir estrictamente con los horarios declarados. Cualquier modificación en las condiciones autorizadas requiere, por norma, una nueva comunicación a la Función Pública para su supervisión. La transparencia es la clave.